Despachos de abogados especializados en casos financieros que afectan a un gran número de clientes, como la salida a Bolsa de Bankia o las cláusulas suelo, estudian demandas contra Banco Popular por los defectos contables admitidos esta semana por la entidad. Consideran que se ha dañado la confianza de los inversores que acudieron a la ampliación de capital lanzada por Popular en mayo del pasado año, por 2.500 millones. Además, otros inversores y abogados sopesan demandas contra el expresidente del banco, Ángel Ron, por los 24 millones de euros que podrá cobrar de pensión tras su salida.
El próximo lunes Banco Popular celebra junta de accionistas, y es ahí donde los profesionales de este tipo de bufetes van a testar el ambiente para decidir finalmente si emprenden acciones legales contra la entidad. “En estos momentos lo estamos valorando”, explican en Arriaga Asociados. El despacho, que ha defendido al exportero del Real Madrid Iker Casillas en su demanda contra Bankia por la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011, indica que tras la junta del lunes se tomará una decisión. “Todo apunta a que sí”, señala un portavoz. “Es tremendamente parecido al caso de Bankia, aunque limitado a los clientes que acudieron a la ampliación de capital”, añade.
Banco Popular informó el lunes a primera hora de la mañana en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre determinadas insuficiencias constituidas por provisiones y cuestiones relacionadas con la ampliación de capital que sumaban un importe superior a los 600 millones de euros. Unas horas después el banco comunicó el cese “por motivos estrictamente personales” de su consejero delegado, Pedro Larena, mes y medio después del nombramiento del exvicepresidente mundial de JPMorgan, Emilio Saracho, como presidente de Banco Popular, en sustitución de Ángel Ron.
A la junta que celebra el lunes Banco Popular acudirán numerosos abogados que estudian denunciar a la entidad
“Creo que hay claros fundamentos para demandar”, dice Fernando Zunzunegui, fundador de Zunzunegui Abogados, que representó a 700 clientes de Bankia. “Es un Bankia 2: una recapitalización agravada con un apalancamiento no reflejado correctamente en su contabilidad”, asegura. Zunzunegui, profesor de Derecho bancario en la Universidad Carlos III, señala que el bufete estudiaría una demanda fundamentada en la información deficiente aportada por Popular en la ampliación de capital si así lo reclamara un cliente, y si fuera rentable para el despacho. “No vamos a movilizar una masa de clientes, iríamos cliente por cliente y habría que estudiar cada caso por estrategia del despacho, aunque pienso que sí hay fundamentos para demandar”, apunta.
“El daño ya está hecho”, comenta Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas & Cusí, “los accionistas que fueron a la ampliación han perdido”. Navas explica que el bufete va a “esperar a ver qué información se aporta en los próximos días”. “Si el banco conocía ese error contable al lanzar la ampliación, desde luego tendría sentido demandar”, considera.
Reformulación de cuentas
Varios de los abogados consultados consideran que el comunicado de Banco Popular admitiendo provisiones mal contabilizadas implica una reformulación de sus cuentas, aunque la entidad no lo entiende así. El banco anunció unas pérdidas registradas en 2016 de 3.485 millones de euros.
En su comunicado a la CNMV, Banco Popular aseguró el lunes que teniendo en cuenta “la información disponible”, los hechos descritos no afectan “de manera muy significativa a los estados financieros del Banco”. Popular incluyó en su comunicado un documento del auditor de sus cuentas, PwC, en el que la consultora indicaba que la responsabilidad de las cuentas anuales “y, en su caso, de la reformulación es de los administradores”. PwC manifiesta que como auditor de Popular considera que la información contable revisada no representa “un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad al 31 de diciembre de 2016 que justifiquen su reformulación”.
Plataforma de afectados
Mientras que unos despachos han puesto sus ojos sobre la nueva información contable comunicada por Popular, otros están pendientes del dinero que puede embolsarse Ángel Ron tras su marcha. El expresidente de Popular tiene derecho a cobrar una pensión de hasta 24 millones de euros siempre que no sea responsabilizado de haber generado quebranto económico al banco.
Felipe Izquierdo, el abogado que, junto con el despacho Iuis Aequitas, ha sentado en el banquillo al ex presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, por la indemnización acordada por su salida, estudia una demanda por el mismo presunto delito, administración desleal, contra Ángel Ron. “Por mucho que esa pensión hubiera sido acordada en junta de accionistas, la situación económica de Popular no permite una retribución así, va contra la Ley de Sociedades de Capital", declara. “Es posible montar una plataforma como la de Abengoa, pero tengo que valorar qué apoyos hay”, añade.
El expresidente de Popular tiene derecho a cobrar una pensión de hasta 24 millones de euros siempre que no sea responsabilizado de haber generado quebranto económico al banco
La Ley de Sociedades de Capital dice, por ejemplo, en su artículo 217 sobre la remuneración de los administradores que esta deberá “en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables”.
Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, también estudia una demanda contra Ángel Ron. “Estoy a favor de que un gestor, si ha hecho bien las cosas, se lleve su dinero, pero no si prácticamente ha llevado a la compañía a la ruina”, comenta en una conversación telefónica con este diario. Revuelta, que estima que ha perdido 41 millones de euros con su inversión en Popular, subraya que no está en contra de la actual administración del banco. “Creo que Saracho está levantando las alfombras, estamos a la espera de su actuación”, indica.
Tanto Izquierdo como un abogado del presidente de Naturhouse acudirán el lunes a la junta de Popular. Al igual que otros despachos de abogados e inversores, aguardan a que el banco pueda aportar nueva información relacionada con sus cuentas y la ampliación de capital que impulsen la presentación de demandas en los tribunales.
