El caso Banco Popular llega a las puertas de las autoridades españolas y europeas que participaron en el rescate y venta de la entidad. Será la Fiscalía Anticorrupción la que decida si abre la puerta, tras una denuncia de la Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP).
En un escrito presentado este mismo miércoles ante la Fiscalía, AIAP denuncia por prevaricación y fraude a: Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR); Danielle Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS); Mario Draghi, presidente del BCE; Luis de Guindos, todavía ministro de Economía; Jaime Ponce, presidente del Frob; Luis María Linde, gobernador del Banco de España; y Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE).
Los denunciantes argumentan que las autoridades ignoraron las alternativas (oferta de ampliación de Barclays y Deutsche Bank) que había para que Popular sobreviviera en solitario -sin perjudicar a 305.000 inversores- y por el incumplimiento del deber de "secreto profesional" de König.
Sospechas
Añaden que la resolución de Popular se hizo para "tapar o no dar a conocer que el Fondo de Garantía de Depósitos dependiente del Ministerio de Economía no disponía de fondos para cubrir los fondos garantizados".
"Pongo en duda que la JUR haya cumplido la ley, o que en la ejecución de la resolución del Banco Popular, se la hayan saltado, tras no querer presentar la documentación con la que puede acreditar que el procedimiento y la ejecución del mismo ha sido un éxito", exponen los denunciantes.
Anticorrupción tendrá que decidir ahora si da por buena la denuncia y la admite, enviando el caso al juzgado de Fernando Andreu.
