El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, negó este domingo que tenga previsto suspender las obras mañana, cuando vence el preaviso que envió a la Autoridad de la vía en diciembre pasado en el que planteaba esa posibilidad por falta de liquidez. "GUPC no tiene por qué realizar mañana ningún cambio en el estatus de la obra, ya que el preaviso enviado el día 30 (de diciembre) da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario este contemplado", dijo el consorcio en un comunicado de un párrafo enviado a Efe.

En la breve declaración, el consorcio liderado por las empresas española Sacyr y la italiana Salini Impregilo, añadió que aunque no tiene previsto detener las obras mañana su "Consejo de Administración podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento".

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, sostuvo el sábado en declaraciones a los periodistas que las negociaciones con el GUPC en busca de un esquema que permita culminar el proyecto según lo estipulado en el contrato "se mantenían abiertas". Quijano reiteró que esperaría hasta el lunes para ver qué decisión tomó el consorcio y actuar en consecuencia, aunque sostuvo que la ACP se preparaba para cualquier eventualidad, incluida la de "seguir adelante con la obra".

También afirmó que el consorcio redujo el ritmo de trabajo en la construcción del tercer juego de las esclusas del Canal al menos en un 70%, en comparación con noviembre pasado, lo que calificó como una violación del contrato.

Negociaciando desde el 7 de enero

Las negociaciones entre las partes comenzaron el pasado 7 de enero, un día después de una visita a Panamá de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para mediar en el conflicto. En ese escenario la ACP propuso un desembolso conjunto de 200 millones de dólares y la moratoria de dos meses en el pago de un anticipo 83 millones de dólares otorgado al GUPC.

El consorcio planteó que la ACP pusiera 400 millones de dólares y el GUPC otros 100, mientras que Impregilo difundió a través de los medios una propuesta que implicaba que la Autoridad desembolsara ente 500 y 1.000 millones de dólares. Ambos planteamientos de los contratistas fueron rechazados por Quijano con el argumento de que están "fuera del contrato".

El GUPC se adjudicó en el 2009 el proyecto de las esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares, incluso por debajo del precio máximo establecido por la ACP de 3.481 millones de dólares. La ACP ha desembolsado 2.831 millones de dólares, incluidos 784 millones en anticipos reembolsables, además de al menos 160 millones en costos adicionales.

En la carta de preaviso, divulgada por el consorcio el 1 de enero pasado, el GUPC invocó la cláusula 16.1 de las condiciones del contrato según la cual la ACP tenía "21 un días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio "aunque mientras los trabajos continuarán con normalidad".

En el preaviso el consorcio sostuvo que no podía "continuar una obra en la que se proyecta 1,6 billones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador", y planteó que "a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas, ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha".

El mismo 1 de enero la ACP rechazó las "presiones" del GUPC para negociar "fuera del contrato" el millonario reclamo, le exigió que presentara sus peticiones por las vías establecidas legalmente y expresó su esperanza en que finalizara el proyecto de ampliación.

La Autoridad dijo entonces que legalmente "la intención de suspensión" expresada por el consorcio "no implica una terminación o abandono del proyecto", pero que, si eso llegaba a suceder pondría "en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra".