El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria, Antonio Tajani, se apresta a mediar en el conflicto del Canal de Panamá, que afecta a tres empresas europeas como son Sacyr, Impregilo y Jan de Nul. Tajani marcó una improvisada hoja de ruta que incluía contactos con los gobiernos de los países donde están domiciliadas las empresas y también el de Panamá. E incluyó en esa primera ronda de contactos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que bien podría tener la llave financiera que desbloqueara el problema.
Bruselas parece tener claro que el origen de la disputa es claramente financiero. El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), conformado por las tres empresas europeas y la panameña Cusa, aunque con un mínimo porcentaje, amenazó con detener este lunes las obras de ampliación por una falta de liquidez provocada por los sobrecostes de las obras, que valora en unos 1.600 millones de dólares.
Con este escenario, cualquier mediación que aspire a concluir con éxito debe incluir una solución financiera. El intento del Gobierno español, plasmado en la visita a Panamá de la ministra de Fomento, Ana Pastor, se quedó en una simple declaración de intenciones y en un compromiso de tratar de llegar a un acuerdo entre GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que amenaza a su vez con tomar el control de la obra si el consorcio detiene los trabajos. Las partes se han sentado a negociar pero no han sido capaces de acercar posiciones.
La mención de Tajani al BEI indica que la solución del problema pasaría por el organismo supranacional, que conoce perfectamente el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, hasta el punto de que es uno de los financiadores, con una aportación de 500 millones de dólares.
Una representación del BEI visita con frecuencia las obras de ampliación y está permanentemente informado de la evolución de los diferentes contratos.
El avance de EEUU
La propuesta inflexible de la ACP para poder continuar las obras consiste en la inyección de 100 millones de dólares por cada una de las partes. El consorcio estaría dispuesto a aportar esa cantidad pero a cambio de que la administración canalera ponga sobre la mesa cuatro veces más, algo que la ACP se niega incluso a negociar.
En los últimos días, Sacyr, como líder del consorcio, ha tratado de encontrar financiación en Panamá aunque sus intentos no han tenido éxito. El cable lanzado el pasado viernes por el vicepresidente Tajani debería tener un marcado carácter financiero para poder tener éxito porque si en algo están de acuerdo las partes es que hace falta dinero para resolver la situación. El problema surge a la hora de determinar qué parte es la encargada de ponerlo y en qué proporciones.
La propuesta de mediación de Bruselas también tiene carácter político, toda vez que EEUU parece tener ventaja para aprovechar este conflicto. La ACP ha mencionado en repetidas ocasiones que cuenta con un plan B en el caso de que los trabajos se detengan y el contrato queda rescindido.
En este sentido, la estadounidense Bechtel, que aspiraba a hacerse con las obras de ampliación y perdió frente a GUPC, ya se ha ofrecido para contribuir a finalizar las obras, que cuentan con un avance cercano al 70%.
Las obras siguen... por ahora
El Gobierno norteamericano apoyó al gigante de la ingeniería, al que embarcó el pasado mes de noviembre en una visita oficial a Panamá encabezada por el vicepresidente Joe Biden. Por entonces, la tensión entre GUPC y la ACP ya había dado los primeros síntomas de ir en aumento por el asunto de los sobrecostes.
Bruselas no quiere quedarse atrás a la hora de defender los intereses de las empresas de los estados miembro. Por el momento, Tajani habló de ganar tiempo y todo apunta a que lo ha logrado porque GUPC anunció que no detendrá las obras este lunes, justo cuando vencía el plazo dado en el preaviso que remitió a la ACP el pasado 30 de diciembre. Ahora se trata de sondear a los gobiernos y, sobre todo, la disponibilidad del BEI.
