El futuro del polémico contrato para el mantenimiento y conservación de la M-30 entra en terreno judicial. Los planes del Ayuntamiento de Madrid para resolver la concesión otorgada a Emasa (participada al 50% por ACS y Ferrovial) han sufrido un pequeño contratiempo después de que la sociedad haya interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Pleno del Consistorio de aprobar el dictamen de la comisión de investigación sobre Calle 30, cuyas conclusiones recogían, entre otros puntos, la recomendación de que el Gobierno municipal recuperara el contrato, vigente desde 2005.
El Ayuntamiento de Madrid decidió hacer suyos los planteamientos de la comisión de investigación cuyo dictamen concluía que el sistema elegido en su día por la corporación municipal liderada por Alberto Ruiz Gallardón para asegurar la conservación y el mantenimiento de la nueva M-30 (rebautizada como Calle 30) no había redundado en el beneficio de los ciudadanos.
Los trabajos de la comisión de investigación también señalaban que los gastos del suministro eléctrico de la concesión deberían correr a cargo de Emasa y no de Madrid Calle 30, la gestora de la infraestructura en la que el Ayuntamiento cuenta ya con una participación mayoritaria, un 80%.
Desde noviembre, cuando el Pleno del Ayuntamiento tomó la medida, no se han producido negociaciones entre el Consistorio y Emasa para resolver el contrato, cuyas condiciones establece que ninguna de las partes podrá romperlo de forma unilateral hasta el ejercicio 2025 sin que medie una compensación. El recurso contencioso-administrativo de Emasa ha sido admitido a trámite, con lo que el proceso para la remunicipalización del contrato sufrirá retrasos.
Compensación de 200 millones
Según fuentes conocedoras de la situación, el recurso ha sido planteado con el fin de que todas las partes implicadas en el proceso, incluidos los grupos municipales, tengan la oportunidad de manifestar su postura al respecto. El Pleno adoptó la decisión a raíz de los trabajos de la comisión de investigación, que no tiene carácter vinculante. Por el momento, a la espera de acontecimientos, nada ha cambiado en el panorama de Calle 30 y el contrato se mantiene en vigor.
En el caso de que se resolviera la concesión, el Ayuntamiento debería compensar a Emasa por su participación del 20% en la sociedad Madrid Calle 30 (cuyo valor en libros es de 90 millones de euros). El Consistorio también debería hacerse cargo de los préstamos otorgados por la sociedad participada por ACS y Ferrovial, cuyo saldo vivo asciende en la actualidad a algo más de 110 millones de euros.
El préstamo fue otorgado al inicio de la concesión y tiene una duración de 20 años, hasta 2025, precisamente la fecha en la que ambas partes pueden romper unilateralmente el contrato. El interés que devenga es del 5,5% anual.
