Algo más de cinco años después de su sorprendente entrada en el capital de ACS, Iberostar lucha por tratar de tapar el agujero que ha provocado una inversión del entorno de los 825 millones de euros en un activo que, a precios de mercado, vale ahora algo menos de la mitad. El proceso de refinanciación que lleva a cabo la compañía con la banca acreedora está siendo complicado por las exigencias de las entidades financieras ante el escenario de los mercados.
Por lo pronto, Iberostar deberá poner en marcha una ampliación de capital para paliar, entre otros, el problema ocasionado por el fondo de maniobra negativo que acumula, que roza la cifra de 260 millones de euros. La aportación exigida por la banca es de 150 millones de euros.
El grupo turístico controlado por la familia Fluxá, que cuenta con un puesto en el consejo de administración de ACS, cuenta con la dificultad añadida de tener la mayor parte de su deuda a corto plazo, por un valor que se aproxima a los 500 millones de euros, un montante en gran parte relacionado con la inversión en el grupo de construcción, servicios e infraestructuras que preside Florentino Pérez.
Los Fluxá quieren que en la reestructuración de la deuda también entre la que está a más largo plazo, con lo que el total de la refinanciación se aproxima a los 800 millones de euros. El objetivo de Iberostar consiste en lograr una operación a ocho años, con uno de carencia de principal, para lo que está en conversaciones con sus principales acreedores.
Más garantías
Pero las entidades financieras han redoblado su exigencia de garantías ante unos plazos tan largos de amortización y teniendo en cuenta que los títulos de ACS aportados en la financiación inicial, cuando Iberostar compró el 5% del capital de la compañía, han sufrido un fuerte deterioro. A precios actuales de mercado, la participación de Iberostar está valorada en unos 310 millones de euros, un 62% menos que el precio de adquisición.
De esta forma, la compañía turística deberá poner como garantía la totalidad de la participación en la constructora, además de algunos de sus activos inmobiliarios.
Otros accionistas de referencia de ACS también se han topado con dificultades debido a los acontecimientos de 2012, uno de los años más críticos para la compañía de construcción, servicios e infraestructuras.
Así, los números rojos registrados por la empresa desde que se deshiciera del 3,7% de Iberdrola han afectado a las cuentas de su principal accionista, Banca March, que ha visto como su balance se teñía de rojo por las provisiones que ha tenido que llevar a cabo ACS. Banca March controla algo más de un 18% de ACS.
Mientras, Alberto Alcocer y Alberto Cortina se deshicieron de un paquete del 5% de la compañía poco antes del verano tanto por la presión de la banca acreedora como por el hecho de que ACS no repartiría dividendo a cuenta, una partida que los Albertos solían emplear para costear el servicio de la deuda.
