ACS ha activado todos los resortes a su alcance para intentar frenar las trabas del Ministerio de Industria al proyecto Castor, un almacenamiento subterráneo de gas natural promovido por la constructora frente a la costa de Vinaròs (Castellón), concebido en los tiempos de bonanza y cuyo coste se ha prácticamente triplicado, hasta casi 1.300 millones de euros, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente.
Las gestiones de ACS, que el año pasado mantuvo al menos tres reuniones con los responsables de la Secretaría de Estado de Energía para tratar el asunto Castor, parecen haber dado resultado. En diciembre pasado, Industria suavizó los recortes que había aprobado inicialmente para esta infraestructura y facilitó la posible salida de ACS. La planta está terminada desde hace meses aunque todavía no se ha puesto en marcha, en un contexto de sobrecapacidad en el sistema gasista, como consecuencia de la crisis y la burbuja de instalaciones.
En junio del año pasado, Escal, sociedad que promueve Castor (ACS controla el 66,67% y la canadiense CLP, el restante 33,33%), presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra una orden por la que Industria adoptaba una serie de medidas para “garantizar el equilibrio financiero del sistema gasista”, recurso que ha admitido a trámite la Sección 3 de la Sala Tercera del Alto Tribunal.
Industria quedó facultada para comprobar si Castor se construyó bajo criterios de "transparencia, concurrencia y mínimo coste", pero no aclara si se ha auditado la planta
Entre otras medidas, la orden modificaba la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas al duplicar su plazo de amortización (pasó de diez a veinte años) y facultó a Industria para encargar “auditorías técnicas y económicas independientes” con el objetivo de “verificar que la documentación suministrada por el promotor refleja una imagen fiel de la realidad” y que “sus decisiones han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste”.
La orden se publicó tres semanas después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciara su decisión de "frenar" la puesta en marcha de Castor "hasta que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado", algo improbable a corto plazo como consecuencia del hundimiento de la economía. En caso de que la auditoría a Castor, cuyo coste debía sufragar Escal, arrojase “discrepancias sustanciales” en los costes previstos, la orden permitía “la minoración de la inversión declarada por el promotor para ajustarla a la inversión prudente necesaria”. Nueve meses después, Industria no aclara ni siquiera si la auditoría se ha llegado a realizar.
Pese al ímpetu inicial verbalizado por Soria contra Castor, su departamento publicó el pasado 29 de diciembre, en la misma fecha en la que se hacía efectivo el cese del hasta entonces secretario de Energía, Fernando Marti, otra orden ministerial que, entre otras novedades, modificó por segunda vez en un año la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas y permitió una mejora para los de Yela (perteneciente a Enagás) y Castor, al reconocerles una actualización del valor neto regulatorio del 2,5% tanto para el almacenamiento como para el denominado gas colchón (llenado mínimo para que el almacenamiento sea operativo). Según fuentes del sector, este cambio supone en la práctica una mejora en la rentabilidad de los proyectos para compensarles por el alargamiento en el plazo de amortización hasta 20 años.
En diciembre, Industria quintuplicó el plazo para renunciar a la concesión y permitió la recuperación de la inversión
La orden de diciembre también cambió el concepto de “puesta en servicio comercial”, que siempre se había entendido como el momento en que la infraestructura tenía el acta de puesta en servicio definitiva (nunca la provisional), una vez que el almacenamiento había completado la inyección de gas colchón y había certificado que estaba disponible para ofrecer capacidad al mercado. Este cambio implica un adelanto en la retribución de la inversión.
La nueva orden también amplió de 5 a 25 años el plazo para renunciar a la concesión, incorporando además la recuperación de la inversión, una posibilidad que choca con la gratuidad de la reversión de este tipo de concesiones a actividades reguladas que recoge la Ley de Hidrocarburos. El cambio legal, apuntan fuentes del sector, garantiza una generosa retribución al futuro operador del almacén, Enagás, que en diciembre de 2007 firmó con ACS una opción de compra sobre el 33% de Castor por la que la constructora podría ingresar unos 430 millones de euros. Los cambios introducidos facilitan la salida de ACS del almacenamiento, apuntan algunas fuentes.
Castor, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista inicialmente para finales de 2010, empezará este año a devengar retribución regulada y tiene la opción de presentarse a la subasta de gas colchón que realizará próximamente Industria para el periodo comprendido entre el próximo 1 de abril y el 31 de marzo de 2014, según una resolución publicada la semana pasada.
La infraestructura se concibió para suministrar hasta un tercio de la demanda diaria del sistema durante 50 días y fue construida aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a 22 kilómetros de la costa castellonense. La orden ministerial que ha recurrido ACS constataba la “certeza” de la existencia de un déficit de tarifa (desfase entre ingresos regulados y costes reconocidos) en el sector gasista que van a tener que pagar los consumidores a plazos en los próximos años. El agujero ya supera los 300 millones de euros y se ha convertido en un problema estructural.
Ni ACS ni Escal quisieron comentar este martes el contenido del recurso. Industria tampoco hizo comentarios.
