Los casi 8 millones de consumidores de gas que hay en España tendrán que afrontar este año, a través de su recibo, el pago conjunto de 100 millones de euros para ir amortizando el préstamo bancario con el que el Gobierno, a través de Enagás, solventó la indemnización de 1.350 millones de euros.
El grupo ACS, accionista de control de Escal UGS, cobró esta cantidad en noviembre de 2014, después de devolver la licencia de explotación del Castor, cuyo cierre temporal se decretó un año antes tras los más de 500 terremotos provocados por la inyección de gas.
Santander, Caixabank y Bankia formaron el pool de bancos para abonar esa cantidad a la compañía de Florentino Pérez y Enagás se encargó de liquidarla. A partir de entonces comenzó a pasar factura a todos los consumidores de gas un préstamo a 30 años, que cuenta con un interés anual del 4,27%.
La 'hipoteca del Castor' tardará 30 años en pagarse y se disparará hasta los 4.731 millones de euros
Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la `hipoteca del Castor’ se elevará hasta los 4.731 millones de euros (desde los 1.350 millones iniciales) cuando acabe la vida del préstamo, de 30 años.
La OCU estima que cada cliente de gas habrá pagado 630 euros de sobrecoste en su recibo cuando terminen estos 30 años.
Sólo este año, el monto total será de 100 millones de euros, según informa la asociación de afectados por la Plataforma Castor.
El almacén subterráneo ubicado 30 kilómetros mar adentro frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en situación de hibernación. Los terremotos provocados por la inyección de gas obligaron en septiembre de 2013 al Gobierno a decretar el cierre temporal, que finalmente desembocó en hibernación y sellado, proceso del que se encarga Enagás.
El Gobierno que salga de las elecciones del 26J tendrá que decidir el futuro de la que en su día iba a ser plataforma estratégica de gas para España. Tendrán que llegar a España los informes encargados a universidades estadounidenses para corroborar las causas directas de los terremotos y los riesgos sísmicos de la zona.
Con estos informes, más los elaborados en España, el Ejecutivo podrá hacerse una composición de lugar sobre la situación del almacén y decretar su reapertura o cierre definitivo.
En paralelo prosigue el proceso judicial abierto en los juzgados de Vinaroz, en el que ya hay 20 imputados. Todos han desfilado ya delante del juez y ahora toca el turno de los testigos.
