Los inversores que acudieron a la última ampliación de capital de Banco Popular tienen ante sí la disyuntiva de ir a los juzgados para tratar de recuperar su dinero o aceptar la oferta realizada por el grupo Santander. Unos 115.000 pequeños accionistas deben decidirse por la opción judicial o por el contrato ofrecido por el primer banco español antes del próximo 7 de diciembre.
La entidad presidida por Ana Botín comenzó ayer miércoles a ofrecer a los minoristas que fueron a la ampliación de Popular del pasado año la posibilidad de contratar un bono de Santander -llamados bonos de fidelización- a cambio de las acciones de la entidad intervenida y vendida por un euro entre el 6 y el 7 de junio. Siempre que renuncien a ejercitar acciones legales para intentar recuperar lo invertido.
El plazo para contratar los bonos ofrecidos por Santander expira el próximo día 7 de diciembre. En términos generales, los que opten por vender los bonos en el mercado secundario podrán recuperar a partir de mediados de diciembre aproximadamente el 70% de su inversión (según el folleto de Santander publicado en CNMV, las sociedades AFI e Intermoney estiman una banda de posibles valores razonables que van del 68,16% al 75%).
Los clientes que se acojan a la oferta de Santander, en lugar de vender los bonos en el mercado secundario, pueden esperar siete años a que sean amortizados. Los bonos ofrecen un interés del 1% hasta el 15 de diciembre de 2024.
La opción judicial plantea en principio el interrogante de cuándo habría sentencia y de si ésta sería a favor del inversor. "Si Santander no supiera que en los juzgados se puede recuperar el 100% de la inversión, no ofrecería estos bonos", comenta Felipe Izquierdo, abogado que a finales del mes pasado presentó la primera demanda civil contra Popular, y que recientemente ha presentado una nueva en nombre de otro cliente.
Una demanda presentada ahora tardaría un año en tener sentencia, estima el abogado Felipe Izquierdo
En opinión de Izquierdo, sobre una demanda presentada ahora en un juzgado de primera instancia por la ampliación de capital de 2016 habría sentencia en un año. Y asegura que el cliente recuperará el 100% de la inversión. Felipe Izquierdo también ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente de Popular, Ángel Ron.
El abogado sostiene que en el caso de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de Popular, el veredicto no puede ser otro que a favor de su reclamación. "Es un caso muy similar al de la salida a Bolsa de Bankia", afirma, "es una demanda ganadora".
Popular explicó en el folleto de la ampliación de capital del pasado año que estimaba unas pérdidas de 2.000 millones en ese ejercicio. Sin embargo, las pérdidas que finalmente comunicó el banco, estando ya presidido por Emilio Saracho, fueron muy superiores, de 3.485 millones de euros. Y en abril de este año, Popular comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una serie de errores detectados en las cuentas que incrementaron aún más las pérdidas anuales, hasta los 3.608 millones.
En el caso del abogado Felipe Izquierdo, el coste del proceso para el inversor que se anime a pleitear sería un 10% de la cantidad recuperada.
Otros accionistas y empleados
Consideraciones distintas tendrán que evaluar los accionistas de Popular que ya lo eran antes de la ampliación de 2016 y que también acudieron a esta operación. Si deciden aceptar la oferta de Santander, podrían recuperar sólo la inversión destinada a la ampliación. Y renunciar a emprender acciones legales por la cantidad invertida con anterioridad a la ampliación.
En posición muy distinta se encuentran los miles de empleados de Banco Popular, y que ahora lo son de Santander, que acudieron a la ampliación de 2016 (entre 7.000 y 15.000, según diversas estimaciones). La opción por la que presumiblemente se decantarán no será otra que la de aceptar la oferta de Santander.
