El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe no podrán contar por ahora con los ingresos que les iba a reportar la operación Chamartín, pese a que los contratos firmados en su día con DUCH, la promotora del proyecto, obligaban a las partes a realizar la operación de compraventa de los terrenos que actualmente ocupan las empresas públicas en la llamada prolongación de la Castellana, una transacción valorada en 984 millones de euros.
Sin embargo, pese a que han vencido los plazos límite para llevar a cabo la operación, independientemente del avance del desarrollo urbanístico, las partes han llegado a un acuerdo para no reclamarse nada, al menos mientras que la cuestión esté pendiente de la Justicia.
A mediados del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia que disparó a la línea de flotación del considerado el mayor desarrollo urbanístico de Europa, por cuanto consideraba ilegal la construcción de edificios de más de tres alturas en la zona.
El proyecto de la operación Chamartín incluye el levantamiento de varios rascacielos y, además, bloques de viviendas que superan las alturas indicadas por la sentencia del TSJM.
Reconocimiento oficial
La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, tanto por las partes como por el Ayuntamiento de Madrid. Según ha podido saber Vozpópuli, tanto la parte vendedora de los suelos como la compradora han considerado que lo más oportuno es no exigir el cumplimiento de los contratos que contemplaban, entre otras cuestiones, la transacción de los terrenos aledaños a la estación de tren de Chamartín por 984 millones de euros.
Fuentes del sector apuntan a este diario que el compromiso entre las partes es verbal, no aparece firmado en ningún documento oficial.
No obstante, la decisión es firme hasta el punto de que se contempla en la última auditoría de Adif Alta Velocidad, la filial del poseedor de la infraestructura ferroviaria consagrada al negocio del AVE.
En virtud de los mencionados acuerdos, Adif y Renfe podrían exigir a DUCH ejecutar la compraventa de los terrenos a partir del 1 de enero de este año. Hasta ese momento, la promotora de la operación Chamartín podía ir dilatando la transacción siempre y cuando pagara una indemnización, como así sucedió en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses.
Momento clave para Adif y Renfe
Pero, por el momento, las arcas de Adif y Renfe deberán esperar, en un momento en el que ambas empresas públicas están en plena ebullición.
Adif es el motor de la fuerte apuesta del Gobierno por el negocio de la alta velocidad y ya ha acudido al mercado de renta fija en busca de financiación para poder afrontar las inversiones de los nuevos trazados, así como parad asumir sus compromisos de deuda.
Mientras, Renfe está preparándose para la llegada de la competencia, por primera vez en su historia. Antes de que finalice este año, el Gobierno dará entrada a un competidor en la línea de alta velocidad Madrid-Levante, lo que ha llevado al operador público a realizar una importante inversión para mejorar sus servicios.
