Andan con cuidado, con mucho cuidado, el ministro José Manuel Soria y su brazo armado para temas energéticos, el secretario de Estado, Alberto Nadal, en todo lo concerniente al Castor. Ninguno de los dos se atreve a dar la más mínima pista sobre si el almacén subterráneo cerrará definitivamente, después de que su dueño, ACS, devuelva su concesión de explotación, o, si por el contrario, se dejará aparcado en manos del Estado hasta que pasen unos años, se intente de nuevo inyectar gas y, si no provoca terremotos, se ponga en operación.
Para evitar suspicacias en el aún adjudicatario de la concesión, el Consejo de Ministros dio el viernes luz verde a la reforma del gas y en ella incluyó finalmente la retribución previsible del Castor, pese a que todo apunta a que no entrará en funcionamiento.
Según confirman varias fuentes del sector gasista, frente al mutismo absoluto de Industria, la reforma recoge la previsión de retribución de la infraestructura, que según Nadal supondría un coste anual para el sistema de 200 millones de euros.
La reforma del gas recoge la previsible retribución del almacén marino, que según Nadal costaría al sistema unos 200 millones de euros al año
El ministro Soria se ha visto obligado a incluir el Castor en los costes del sistema porque de no haberlo hecho estaría dando por sentado que el almacén no entraría en funcionamiento, "algo que podría dar lugar a sospechas de prevaricación por parte de Escal UGS (la empresa explotadora controlada por ACS)".
Se da la circunstancia de que el grupo de Florentino Pérez prepara la devolución de la licencia de explotación al Estado para poder así cobrar la indemnización correspondiente que le garantiza el contrato de concesión y hasta una resolución del Tribunal Supremo.
Pero hasta que esta reversión al Estado de la infraestructura no esté cerrada, oficialmente el Castor es un almacén que forma parte del sistema y, por tanto, tiene que contar con una retribución prevista para su entrada en funcionamiento.
Pero la baja demanda de gas hace innecesario el Castor en la actualidad y su posible puesta en marcha da pavor a todos: Gobierno, Generalitat valenciana y todos los expertos temen que una nueva inyección de gas vuelva a provocar seísmos, tal y como ocurrió en septiembre de 2013, cuando Industria tuvo que cerrar temporalmente el almacén por los más de 500 terremotos que provocó en poco más de dos semanas.
Nadie en el Gobierno se atreve a pronosticar lo que ocurrirá con el Castor, pese a que se da por descontado que no volverá a funcionar por el riesgo de terremotos
Pese a todo ello, Soria se ha visto obligado a incluir el Castor en la reforma del gas, aunque "en ningún caso" habrá subidas de peajes, parte regulada de la tarifa, para los consumidores de gas como consecuencia de la situación del almacenamiento subterráneo, afirma Nadal.
Nadie en el Gobierno se atreve a avanzar la fórmula de pago de la indemnización a ACS. Tanto si se aparca el activo en una sociedad del Estado como si se nacionaliza oficialmente, el compañía que preside Florentino Pérez tiene derecho a una indemnización. ACS pide más de 1.600 millones, pero Industria estudia una quita no inferior al 50% del valor neto contable para aceptar la devolución de la concesión con contraprestación incluida.
Es en este dilema en el que se encuentra ahora Industria. Explicar al ciudadano y al ministro Montoro que la indemnización al Castor tendrá que salir de las arcas públicas, o en su defecto, del recibo del gas, es ardua tarea.
Según las fuentes del sector consultadas, si finalmente se decide el cierre definitivo del Castor, el sistema gasista no tendría que afrontar el pago de su retribución e Industria tendría que sacar una nueva norma para fijar por qué vía y en qué cuantía se abona la indemnización a su dueño.
