El abogado Miquel Roca y los dos más altos directivos del grupo francés Suez Environnement, dueño del 100% de Aguas de Barcelona (Agbar), han tenido que salir de forma apresurada del consejo de la empresa catalana.
La compañía francesa tomó el control total de Agbar en 2014, tras la salida de La Caixa. Dimitieron entonces los dos consejeros de la caja catalana, pero el consejo se mantuvo con la misma estructura, aunque con dos miembros menos.
Ha pasado algo más de un año y Suez no había tocado el consejo de Agbar, pero el escándalo de las comisiones del 3% cobradas por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) ha desencadenado unos cambios que han permitido la marcha tanto del abogado de la Infanta Cristina, que era secretario del consejo, como de Gérard Mestrallet y Jean Luis Chaussade, presidente mundial y consejero delegado de Suez Environnement, respectivamente.
Las detenciones del 21 de octubre y la nueva información incautada han hecho saltar las alarmas en Agbar: la Guardia Civil podría registrar su sede
El grupo galo ha decidido dejar el consejo de Agbar en la mínima expresión después de que a finales de agosto, la Guardia Civil registrara la sede central de CDC, su fundación CatDem en Barcelona y cuatro ayuntamientos catalanes, en el marco de las investigaciones sobre el presunto cobro de comisiones ilegales del partido de Artur Mas.
El caso Petrum ha destapado que Agbar figura como el grupo empresarial que más donaciones ha realizado a la Fundación de Convergencia entre 2008 y 2012, con un monto total de 855.000 euros.
Así que su dueño ha preferido sacar del consejo a los nombres ilustres, por el temor a que pueden verse salpicados por el escándalo. Según informó Expansión, Suez ha reducido el consejo de Agbar a sólo tres miembros. Lo hizo a principios de octubre, un mes después de los primeros registros realizados por la Guardia Civil.
Fuentes de la empresa de aguas señalan que el adelgazamiento del consejo (se quedan en él Ángel Simón, presidente; Christophe Cros, presidente de Suez Environnement España y Josep Bagué, director financiero) responde al ajuste de su estructura, tras la toma de control total por Suez y a que Agbar ya no cotiza en Bolsa.
Suez quiere evitar que cualquier operación en torno a Agbar pueda salpicar al abogado de la Infanta y a sus dos más altos ejecutivos franceses
Pero, según señalan fuentes empresariales consultadas en Cataluña, la cúpula de Suez y, por extensión, la de Agbar, temen que tras las detenciones del 21 de octubre en el marco de la Operación Petrum se produzcan nuevos registros. Y uno de ellos podría producirse en la sede de Agbar en Barcelona, añaden estas fuentes.
Se da la circunstancia de que Agbar redujo drásticamente sus aportaciones dinerarias a la Fundación de CDC tras perder una de la mayor adjudicación realizada por el Ejecutivo de Artur Mas: la privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que finalmente, y tras gran polémica, cayó en manos de un consorcio formado por la española Acciona y la brasileña BTG Pactual.
Agbar cortó en seco sus donaciones (hasta cinco de sus filiales hicieron pagos a CatDem, hasta sumar los 855.000 millones) en 2013, año en el que se adjudicó ATLL a su competidor. El grupo barcelonés mantiene desde entonces una batalla contra la Generalitat y contra Acciona para tratar de revertir la adjudicación.
En este contexto, el prestigioso abogado Miquel Roca ha preferido acelerar su salida, por miedo a que las nuevas investigaciones acaben salpicando directamente a Agbar.
Tampoco están para mucho ruido los dos altos directivos franceses. Ya tienen de sobra con pertenecer a una compañía (Suez Environnement es filial del grupo GDF Suez) que también se ha visto salpicada por la Púnica.
Cofely es propiedad de GDF Suez. La filial del grupo semipúblico francés forma parte del eje central de la Trama Púnica en Madrid.
