Un total de 313 empresas españolas se han instalado en Andorra desde que, en junio de 2012, el Principado aprobara la Ley de Inversión Extranjera que permite a los empresarios no nacionales poner en marcha un negocio sin necesidad de un socio mayoritario andorrano. El volumen de negocio inicial que han generado estas empresas asciende a 24 millones de euros, ha detallado a Efe el secretario de Estado para la Diversificación Económica, Josep Maria Missé.
Las demandas de inversión española en el Principado desde la entrada en vigor de la ley suponen, hoy, prácticamente la mitad del total de 700 que ha recibido el Gobierno. La apertura económica ha generado para el país, según datos facilitados por el ejecutivo, más de 60 millones de euros.
"Hasta mediados de 2013, el 58% de las solicitudes que recibíamos eran de empresas españolas", ha comentado Missé, que también explica que durante los dos últimos trimestres se ha notado un cambio de tendencia con un aumento "notable" de las demandas procedentes de Francia, que ya representan un 27% del total.
De las 313 compañías españolas que han decidido desarrollar su actividad en Andorra, el 40% son catalanas y el resto, principalmente, madrileñas.
Por sectores, la mayoría de empresas están relacionadas con el comercio y el turismo (el 33% del total) y las nuevas tecnologías (10%). También hay compañías del ámbito de la salud y el bienestar (6%) y el sector financiero (8%).
Según ha manifestado el responsable de Diversificación Económica, el prototipo de empresario que decide acogerse a la Ley de inversión extranjera se corresponde con "personas de carácter muy emprendedor", que cuentan con entre dos y tres trabajadores durante la primera etapa de desarrollo del proyecto y que, después de un año de funcionamiento, proyecta crecer hasta la decena de empleados.
Bajos niveles de fiscalidad
Los bajos niveles de fiscalidad que ofrece Andorra, la proximidad geográfica, la calidad de vida, seguridad ciudadana y el hecho de que, tratándose de un país pequeño, el acceso a la información y la tramitación de los procesos sean "mucho más ágiles y rápidos" son, según Missé, los principales argumentos de los empresarios españoles para decidir instalarse en el Principado.
El Principado dejó de ser considerado como un paraíso fiscal para las autoridades españolas en febrero de 2011, después de la entrada en vigor del acuerdo de intercambio de información fiscal entre los dos países.
Todas las solicitudes de inversión foránea, antes de formalizarse, son analizadas por el Gobierno andorrano, que evalúa la conveniencia de la actividad para el país. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo independiente de prevención del blanqueo, verifica que las candidaturas no estén relacionadas con actividades de blanqueo de capitales.
