Los catorce fondos y empresas extranjeras que han denunciado al Estado español por el recorte de primas a la energía fotovoltaica que aprobó el Gobierno socialista a finales de 2010 pueden tener acceso a información de primera mano sobre esa medida, alumbrada con Miguel Sebastián como ministro de Industria y Pedro Marín Uribe al frente de la secretaría de Estado de Energía.
Desde hace al menos año y medio, la consultora británica The Brattle Group, que en mayo pasado fichó a Marín para su oficina en Londres, asesora a esos fondos en el arbitraje internacional contra España que se dirime en Ginebra (Suiza) por este asunto. Especialista en este tipo de litigios, Brattle ejerce de perito económico para los fondos, es decir, evalúa el daño causado a petición de los afectados, que buscan una compensación millonaria en el proceso.
A primera vista, el caso guarda cierto paralelismo con el de Fabrizio Hernández, que sustituyó al propio Marín como secretario de Energía. Aunque en sentido inverso: antes de incorporarse al Gobierno, cuando trabajaba en la consultora Nera, Hernández firmó un informe encargado por Endesa e Iberdrola que cifraba en casi 1.000 millones de euros el lucro cesante por el cierre de Garoña, decretado entonces por el Ejecutivo socialista.
Sin embargo, y ante la duda de si Marín ha sido contratado para evaluar el perjuicio económico del marco regulatorio que él mismo contribuyó a elaborar, fuentes próximas a The Brattle Group (oficialmente, la firma no hace comentarios) recalcan que el exsecretario de Estado “no está trabajando en este caso, ni en ningún otro relacionado con España, por temas de incompatibilidad”.
Marín ha cumplido este lunes, 7 de enero, dos años fuera del Gobierno, el plazo por el que, en teoría y según la Ley de Incompatibilidades, los exaltos cargos de la Administración “no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”.
Las mismas fuentes aseguran que se han puesto en marcha "todas las medidas” para evitar un posible conflicto de intereses y subrayan que Marín fue contratado después de que los fondos requiriesen los servicios de la firma, un extremo que algunas fuentes ponen en duda.
Desde su incorporación, ha asesorado en procesos de arbitraje, pero no en este, según Brattle
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y Máster y Doctor en Economía por la London School of Economics, Marín fue secretario de Energía entre abril de 2008 y enero de 2011 y en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero trabajó en la Oficina Económica de Moncloa, entonces dirigida por Sebastián.
Tras abandonar Industria, fue propuesto para dirigir la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), un organismo de nueva creación que se convirtió en excusa para su salida de un cargo en el que lo normal es no acabar la legislatura (hoy mismo, Alberto Nadal toma posesión como secretario de Energía en sustitución de Fernando Marti, que no ha durado ni un año en el puesto). La candidatura de Marín a Irena no prosperó y regresó al Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, donde había sido profesor desde 1996, y allí permaneció hasta su llegada a Brattle.
La firma, que está gestionando este caso desde la oficina que abrió en Madrid en 2009, anunció su fichaje en mayo del año pasado, aunque Marín se incorporaría, dijo, ya en junio. El exsecretario trabajaría “estrechamente con los equipos de Brattle en Londres, Madrid y Roma, además del personal de la firma en sus oficinas estadounidenses”. Brattle señala en su web que, desde su incorporación, Marín ha aportado su experiencia en conflictos comerciales, arbitrajes internacionales, regulación, política antimonopolio y de competencia, y cita algunos de los casos en los que ha participado, entre los que no se encuentra este arbitraje.
El recorte que aprobó Marín y que ahora evalúa la consultora en la que trabaja consistió en una limitación del número de horas con derecho a prima para las plantas fotovoltaicas, tras la burbuja que el propio Gobierno había alentado. En la práctica, ha supuesto una rebaja de ingresos del 30% para las plantas y, en principio, estará en vigor hasta finales de este año. La demanda se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un convenio internacional diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. Es la segunda vez en la historia que dicho tratado se invoca contra un país de Europa Occidental. Y es posible que, tras la nueva tasa a la generación en vigor desde el pasado día 1, lleguen más conteciosos por parte de inversores extranjeros.
A la espera de lo que depare el proceso en Ginebra (debe celebrarse una nueva vista en breve), el actual Gobierno considera que el recorte es ajustado a derecho porque así lo ha determinado el Tribunal Supremo en España, como ha recordado últimamente el ministro de Industria, José Manuel Soria, que dice que quiere "sentarse" con el sector de las renovables para negociar el impacto de las primas en la tarifa eléctrica.
Los demandantes cifran en 2.000 millones de euros sus inversores en el sector fotovoltaico español, y en 270 megavatios (MW) la potencia de la que son titulares en España. Entre ellos están AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital y MEIF Luxembourg Renewables.
