La expropiación de YPF por parte del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner provocó una reacción por parte del Ejecutivo, que compareció casi a las 22,00 para lanzar un contundente mensaje de rechazo, aunque sin medidas concretas. Todo indica, sin embargo, que la primera línea de actuación irá de la mano de las instituciones europeas. Comparecieron el ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García Magallo, el de Industria, Energía y Turismo, así como el secretario de estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Por su lado, Repsol presentó un Hecho Relevante en la CNMV a últimas horas del día, en el que denunció la expropiación, calificándola de "manifiestamente ilícita" y anunciando que llevarán a cabo "todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas".
La expropiación de YPF "supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional, por lo que se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España", indican en el documento.
El Gobierno aguarda
"Nosotros no actuamos en caliente", dijo García Margallo, en relación a la controvertida actuación de Argentina. El ministro de Industria aclaró que la decisión de expropiar YPF se tomó la semana pasada, "entre el jueves y el sábado", rompiendo así el acuerdo verbal alcanzado el 28 de febrero entre ambos países alcanzado con los ministros de Planificación Julio de Vido y de Economía, Héctor Lorenzini, mediante el que cualquier tipo de controversia sobre YPF se solucionaría mediante el diálogo.
En la comparecencia, que tuvo lugar en la sede de Exteriores, el Palacio de Viana, José Manuel García Margallo mostró el malestar del Ejecutivo y anunció las medidas a tomar por el Ejecutivo. En primer lugar, mostró su condena por la decisión tomada por Argentina. Además, constató que con ella queda roto el clima de cordialidad y amistad de las relaciones bilaterales.
Por vía de urgencia
También, insistió en que la expropiación quiebra el acuerdo verbal citado al que se llegó en Buenos Aires en febrero. Y, principalmente, advirtió que el Gobierno adoptará "todas las medidas que considere en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas en el exterior". Tanto Soria como Margallo alertaron que la medida perjudica a millones de pequeños accionistas. Así, "el Gobierno ha dado cuenta a las instituciones europeas de esta decisión y pide que se discuta por la vía de urgencia en el pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo".
José Manuel Soria indicó que "cuando tengamos que tomar esas medidas las anunciaremos y serán medidas claras y contundentes". García Margallo añadió que "romper el principio de legalidad jurídica afecta a cualquier inversor internacional".
El ministro de Industria indicó que la decisión es discriminatoria "tanto del punto de vista de quienes son socios de YPF tanto de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina". Es discriminatoria también en cuanto al propio accionariado de YPF, donde hay otros accionistas argentinos, por lo que es doblemente discriminatoria.
Para terminar, advirtieron que la noticia es pésima para España, pero también pésima para Argentina, que cierra sus puertas a la entrada de nuevos inversores. En este sentido, Soria mostró su preocupación por que las compañías españolas allí presentes puedan seguir caminos similares del de Repsol.
