En su intento por lograr una compensación justa por la expropiación del 51% de YPF, Repsol logró situar ayer a un representante entre los 17 miembros del directorio de la compañía argentina. En una asamblea tachada de ilegal por los abogados enviados por la petrolera española para defender sus intereses, la junta de YPF (y por ende, el Gobierno argentino) aprobó el nombramiento como consejero de Luis García del Río como representante de la española.
Se trata un profesional independiente, del bufete García del Río & Larrañaga (especializado, entre otras áreas, en arbitrajes internacionales), que conoce Repsol, ya que fue director de los servicios jurídicos de su área de Upstream (Exploración y Producción) y GNL (gas natural licuado) entre 2005 y 2008.
La compañía española, que no oculta su temor a que el Gobierno argentino eche mano de denuncias medioambientales para no pagar ninguna compensación, tendrá al menos acceso a la información que maneje el nuevo directorio de YPF con el nombramiento de García del Río, abogado del Estado en excedencia.
La junta celebrada ayer a puerta cerrada en Puerto Madero (Buenos Aires), primera tras la intervención del pasado abril, también aprobó el nombramiento como consejeros del viceministro Áxel Kicillof, considerado el ideólogo de la expropiación, y del consejero delegado de la compañía, Miguel Galuccio, que fue designado además presidente.
A la asamblea, comandada por el presidente de la Comisión Nacional de Valores argentina, Alejandro Vanoli, acudieron 39 accionistas representativos del 96,78% del capital. En un ambiente de "exabruptos", según la prensa local ("absoluta normalidad", de acuerdo con una nota de YPF), se aprobaron los nombramientos de otros catorce vocales: cinco representantes de las provincias petroleras, cuatro del actual equipo directivo, otros cuatro "independientes" y uno de los trabajadores.
Repsol, que en un reparto proporcional de los consejeros por su peso en el capital (todavía tiene un 12% de YPF), habría tenido derecho a dos vocales, rechazó, a través de los abogados a los que envió a la asamblea para representar sus intereses, cada una de las propuestas del Estado argentino.
El frente legal se antoja decisivo para Repsol, que ha visto cómo una juez argentina inmoviliza los fondos que la petrolera española pudiera percibir en compensación por la expropiación. En la compañía no parece inquietar este asunto, quizás porque esos fondos, de momento, no van a llegar (el proceso para lograr una indemnización podría llevar años), y se trata de una suspensión temporal. La juez, Edith Cristiano, ha adoptado esta decisión mientras se resuelve la solicitud de unos 25.000 extrabajadores de YPF que piden anular la venta de en torno a un 11% del capital de la argentina por parte de Repsol en marzo de 2011.
Según los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta esas acciones (las llamadas clase C) sin la autorización de los trabajadores, mediante un decreto del entonces presidente, Carlos Menem, que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema argentina. El decreto data de 1997, antes de que Repsol comprara YPF.
