La empresa del presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández, envió un burofax a la Asamblea de Madrid la semana pasada en donde renunciaba a la concesión de la cafetería del parlamento, según informa El País.
La compañía de Fernández, que se encuentra en suspensión de pagos, ha perdido en el último año las concesiones en el Congreso de los Diputados, Ifema y el Club de Campo, entre otros. Aun así, la asamblea ha rechazado la retirada y le pide que termine su contrato, que finaliza el 17 de marzo de 2015.
Cantoblanco ha asegurado que está dispuesta a mantener el servicio hasta que se falle un concurso, que solicitó tuviera lugar tras dejar de prestar el servicio el 7 de agosto, fecha que ha rechazado la asamblea y que se trataba del fin del contrato inicial, que fue prorrogado hace tres meses hasta marzo.
La pérdida de esta concesión, debido a los problemas económicos, suponen un golpe al empresario madrileño, que volvió a ser elegido jefe de los empresarios madrileños, pese a su millonaria deuda, con el apoyo de Ignacio González, presidente del a Comunidad de Madrid, y el jefe de la CEOE, Joan Rosell.
El fin de la adjudicación supone que 2014 pueda resultar peor año que 2013, donde el empresario perdió muchas concesiones, entre ellas el hospital Infanta Leonor, La Universidad Europea de Madrid y el Caixa Forum.
La compañía asegura pérdidas de unos 90.000 euros al año con la concesión en la asamblea, que argumenta, es deficitaria por sus bajos precios y sus 16 trabajadores, por lo que solicitaron la prórroga para reestructurar la plantilla para ser rentables. Pese a los problemas económicos, que conocía la asamblea, fuentes han explicado que accedieron a la ampliación porque ninguna otra adjudicataria se presentó al concurso.
A las pocas semanas de la concesión, se dejó de pagar las mensualidades de 14.000 euros por orden de la Agencia Tributaria que quería embargar pagos por la deuda de Cantoblanco.
El Parlamento regional exige el cumplimiento del acuerdo, que no permite ceder la concesión, por lo que si la empresa finaliza su trabajo el siete, el parlamento tendrá que cerrar su cafetería e iniciar un proceso de concurso. Fernández, además, está siendo por fraude a la Seguridad Social, al no haber declarado horas extraordinarias.
El burofax supone el colofón en su relación con la Asamblea. El ayuntamiento, además de dos órdenes de embargo, emitió un informe en relación a la intoxicación de 30 personas en el centro, donde se criticaba la estructura, tamaño y diseño de la cocina, puesto que no permitía la elaboración de lo que ofrecía “sin comprometer la seguridad alimentaria de los mismos”.
