Gerardo Díaz Santamaría, hijo del expresidente de la CEOE, ha negado este martes ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional haber contribuido al vaciamiento patrimonial de la empresa Trapsa, perteneciente al grupo Marsans, en relación con cuatro operaciones de disposición de activos de la compañía, que terminó en manos del "liquidador de empresas" Ángel de Cabo.
Díaz Santamaría ha comparecido en calidad de imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 a petición de las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, que le acusan de alzamiento de bienes en relación con la empresa Trapsa, de la que el fue consejero entre 2006 y 2010. Tras su declaración, ninguna de las partes ha solicitado que se le impona medida cautelar alguna, han informado fuentes jurídicas.
A lo largo del interrogatorio, el hijo de Díaz Ferrán ha explicado que él empezó a trabajar en 2000 como empleado en la empresa Trapsa, que gestionaba polideportivos y líneas de transporte en diversos puntos de España.
Entre 2006 y 2010 fue consejero de la compañía, ha reconocido ante el magistrado, si bien las cuatro disposiciones de efectivo por las que se le ha preguntado no tuvieron como objetivo vaciar esta empresas en favor de De Cabo, según ha asegurado. Tres de ellas se correspondían con la gestión de centros deportivos y la restante con el transporte, y respecto a esta última ha afirmado que la realizó a petición de su padre.
Operación en México
Igualmente, según las mismas fuentes, Díaz Santamaría ha negado haber contribuido al vaciamiento patrimonial atribuido inciariamente a su padre, en prisión bajo fianza de 15 millones de euros desde principios de diciembre, mediante otra operación relacionada con intereses de Marsans en México.
Con la citación del hijo de Díaz Ferran el juez Velasco acogía favorablemente la petición de las empresas que presentaron la querella conjunta contra Gerardo Díaz Ferrán, su socio ya fallecido Gonzalo Pascual y el considerado "liquidador" de compañías Ángel de Cabo, entre otros.
No obstante, el juez no ha acordado ninguna de las medidas de embargo solicitadas en el mismo escrito por las acusaciones en relación con varios locales en Fuenlabrada (Madrid) a nombre de Fitness Naranjo, propiedad del imputado. Según recogen las diligencias previas, Díaz Ferrán y su socio ya fallecido Gonzalo Pascual "habían diseñado una estrategia para alzarse con los bienes del grupo Marsans aparentando insolvencia patrimonial".
Los empresarios vendieron las distintas sociedades en junio de 2010 dentro de un pacto para que De Cabo les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales y evitar así pagar a sus más de 10.000 acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.
Marsans debe 45 millones de euros a varios hoteleros y habría además, según la Fiscalía, más de 10.000 perjudicados por la presunta ocultación del ex presidente de la patronal y sus socios.
En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado junio.
En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Holdisan Grudisan y Trapsa, en cuya gestión tenía responsabilidades Díaz Santamaría.
