El Ministerio de Industria y Energía no está dispuesto a echar el freno en la que será la última (y una de los más polémicas) norma de su legislatura, que en línea con la política aplicada en estos casi cuatro años, también tendrá un marcado tinte antirrenovable.
El objetivo del ministro José Manuel Soria es llevar el Real Decreto de Autoconsumo al Consejo de Ministros en la primera quincena de septiembre, habida cuenta de que su plan inicial (aprobarlo en el último de julio) se ha venido abajo por el monográfico electoralista de Mariano Rajoy del viernes 31 de julio y porque aún no se ha pronunciado el Consejo de Estado.
Sólo queda el informe de esta institución, que el pasado martes comunicó a las partes interesadas que se abre un periodo de "audiencia" para que los que lo soliciten puedan presentar las alegaciones pertinentes.
El sector gana tres semanas para presentar alegaciones ante el Consejo de Estado, pero en pleno agosto, justo cuando no se celebran Consejos de Ministros
Es un pequeño triunfo del sector renovable y en especial de algunos de los miembros del Consejo Consultivo de la Electricidad, que había suplicado al Consejo de Estado esta posibilidad como última vía para intentar suavizar una Real Decreto que, de aprobarse en los términos que recoge el borrador de Industria, dará la puntilla al autoconsumo energético justo cuando está comenzando a desarrollarse con fuerza en otros países europeos.
Las fuentes renovables consultadas aplauden la decisión del Consejo de Estado, que dará a los afectados 15 días hábiles (casi tres semanas de agosto a contar desde el día 4) para presentar alegaciones. Ganarán algo de tiempo, pero será en periodo estival. E Industria tiene claro, según las fuentes consultadas al tanto de los planes de este Departamento, que el RD va en septiembre, dado que espera recibir el informe definitivo del Consejo de Estado a finales de agosto, o a más tardar, en la primera semana de septiembre.
Pese a los diferentes hachazos asestados al sector renovable estos años, el ministro Soria no se ha arredrado y como guinda a su gestión quiere dejar aprobada una norma que impone tantas trabas económicas, administrativas y punitivas a la autoproduccción de energía desde los hogares con conexión a la red eléctrica que hace inviable un sistema que permitiría a los consumidores 'independizarse' de su compañía eléctrica.
El ministro no ha cedido pese a que toda la oposición política, la CNMC y la Comisión Europea le han pedido que no dé la puntilla al autoconsumo
Con esta norma, el ministro ha conseguido poner en su contra a todos los partidos del arco parlamentario, al regulador CNMC, a la Comisión Europea y a agentes empresariales, sociales y ecologistas, entre otros muchos.
Todos ellos, por diferentes vías, han recomendado al Gobierno español que impulse el autoconsumo como sistema para abaratar el recibo de la luz (es el quinto más caro de toda la Unión Europea), recortar el poder del oligopolio eléctrico y luchar contra el cambio climático.
Pero el borrador no deja margen para la esperanza. Establece unos cargos (también conocidos como impuesto al sol) para que todos aquellos hogares que quieran conectarse a la red eléctrica para verter su energía sobrante o coger la necesaria que no permiten rentabilizar la inversión realizada en placas solares ni poner en valor la electricidad a coste cero que sale de las casas.
Pero además fija multas tan desorbitadas que cualquier vivienda que sea pillada sin tener en regla su instalación puede llegar a pagar sanciones de escándalo.
