El Ministerio de Fomento no descarta abordar un proceso "ordenado" de liquidación de las diez autopistas de peaje en concurso de acreedores, si finalmente esta opción tiene un menor impacto para el erario público que integrar las vías en una sociedad pública. Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, pese a reconocer que la eventual liquidación de estas vías abriría un escenario "de litigios y de judicialización" con el sector, "díficil de prever, complejo de gestionar y largo en el tiempo".
El 'número dos' de Fomento aseguró no obstante que el Ministerio de Fomento aún no ha tomado una decisión entre las dos alternativas que baraja para solventar el problema de las autopistas: su liquidación o su integración en la eventual sociedad pública.
Además, Catalá incluso apuntó que el Departamento que dirige Ana Pastor "no tiene especial preferencia entre una u otra posible solución", según aseveró durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
"El diseño de la sociedad pública de autopistas presenta alguna debilidad y zona oscura sobre las que estamos trabajando con el sector y la banca para ver si finalmente podemos lograr equilibrar la sociedad o si finalmente no es posible buscar una tercera vía, o bien abordar un proceso ordenado de liquidación y de reconocimiento ordenado de las obligaciones de pago", indicó el secretario de Estado.
"El de la liquidación es un escenario indeseable, pero quizá inevitable", añadió Catalá, que aseguró que no hay más calendario para solventar el problema de las autopistas que el que marcan los procesos de concurso de acreedores en los que están inmersas las concesionarias de las autopistas.
El 'número dos' de Fomento indicó además que no está claro si liquidar una vía de pago resultaría más costoso que fusionarlas en una empresa pública. Según explicó, ello dependerá de si esta otra alternativa, la de la sociedad pública, finalmente es sostenible, se logra que no consolide en el sector público y que garantice la viabilidad futura de las autopistas.
Además, el secretario de Estado recordó que puede que "no se vea bien o no se entienda" la empresa de autopistas en la actual coyuntura de reducción del sector público y supresión de empresas públicas.
800 trabajadores al sector público
En esta línea, recordó que en caso de que las autopistas pasaran a formar la empresa pública, sus 800 trabajadores pasarían también a formar parte del sector público.
El secretario de Estado insistió en que el objetivo principal del Gobierno es que la solución al problema de las autopistas no impacte en las cuentas públicas.
Con todo, el 'número dos' de Fomento confía en que las "próximas semanas o meses" haya una decisión en firme de cual puede ser la solución.
El secretario de Estado se manifestó de esta forma después de que la patronal de la construcción Seopan manifestara su deseo de que la solución a las autopistas pase por la constitución de la sociedad pública. Esta organización considera que se trata de la mejor opción "para el interés general" y avisa de que, por contra, la liquidación costaría al Estado 5.000 millones de euros además de años de litigio con las empresas.
La eventual empresa nacional de autopistas integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de una quinta parte (el 22%) de la red, y una deuda financiera de 3.600 millones de euros. Se trata de la radiales de Madrid, la vía que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
