El ex magistrado español, Baltasar Garzón, siempre ha tenido buena mano para la defensa de los derechos humanos y también para los negocios. Son dos facetas que ahora, desde Argentina, ha vuelto a poder ponerlas en práctica. Desde la privilegiada posición que le da haberse convertido en mano derecha en la sombra de la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, con la que mantiene una estrecha relación personal, el jienense ha comenzado a mover sus hilos en España.
Según confirman varias fuentes empresariales consultadas, el ex juez ha estado de ronda por algunos despachos madrileños de importantes empresas con actividad en Argentina. El flamante "coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos", con rango de subsecretario de Estado y sueldo mensual de 72.000 pesos (6.700 euros), se ha ofrecido como intermediario ante la presidenta y su equipo de Gobierno para aquellas empresas o entidades financieras españolas que necesiten ayuda en el país.
Tradicionalmente, Argentina ha sido uno de los países con mayor presencia de empresas españolas, pero también uno de los que más sustos y dolores de cabeza provoca por el intervencionismo de sus mandatarios. El caso de la expropiación a Repsol de la petrolera YPF por parte de Kirchner ha sido el más flagrante de los últimos años, sin embargo, hay problemas quizá menores pero permanentes que afectan a las compañías que operan en sectores estratégicos, a las que Garzón está ofreciendo sus servicios.
Garzón es más que un asesor para derechos humanos y se ha convertido en mano derecha en la sombra de la presidenta Kirchner
Endesa y Gas Natural vienen sufriendo desde hace años la congelación de las tarifas de sus servicios de electricidad y gas; Telefónica, una de las primeras grandes multinacionales españolas que se instaló en Argentina, donde cuenta con 25.000 empleados y presta servicio a 27 millones de clientes, también tiene que negociar recurrentemente la subida de las tarifas y sigue optando a nuevas adjudicaciones de espectro; los grupos OHL y ACS cuentan allí con negocios concesionales y junto a FCC y Acciona se han postulado para la adjudicación de contratos de nuevas infraestructuras (túnel para mejorar una de las conexiones bajo los Andes entre Argentina y Chile); las empresas del juego Cirsa y Codere siempre han tenido sobre sus espaldas la espada de Damócles de la expropiación de sus negocios por parte del Gobierno; Indra, Inditex y Abertis también cuentan con intereses en el país, al igual que los dos grandes bancos, Santander (Santander Río) y BBVA (Banco Francés), y la aseguradora Mapfre.
En suma, son decenas de grandes empresas españolas las que operan en el país.
Influyente asesor
Las fuentes consultadas reseñan que Garzón se ha convertido en uno de los asesores más influyentes en la escurridiza presidenta Kirchner, muy amiga de encastillarse frente a cualquier influencia externa en decisiones importantes.
Garzón está poniendo en valor esta capacidad de influencia y hace dos semanas estuvo de ronda por Madrid. Visitó España para asistir a la entrega a su amigo Manuel Ollé, letrado y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, del premio 'Enrique Ruano Casanova 2014'.
El ex juez aprovechó su visita a España hace un par de semanas para un premio de defensa de derechos humanos para hacer ronda por algunas compañías
Aprovechó su estancia para reunirse con algunos representantes empresariales con el objetivo de mostrar sus nuevas credenciales. Las competencias de Garzón en Casa Rosada han ido aumentando desde que fuera 'fichado' por Kirchner a finales de 2012 como asesor de derechos humanos, después de ser inhabilitado en España para su carrera judicial en enero de ese año.
Se ha convertido en asesor de cabecera de la Jefa del Estado y hay medios de comunicación que especulan con la posibilidad de que exista entre ellos una relación sentimental. Hasta ahora no ha trascendido que ninguna de las compañías españolas haya contratado los servicios de Garzón o esté interesada en que el ex juez interceda ante Casa Rosada de cara a la posible solución de conflictos.
Uno de los que ahora siguen abiertos, tras la salida de Repsol del país, es el que mantienen las estatales YPF y Enarsa con antiguos miembros del Gobierno y algunas organizaciones de consumidores por la adjudicación de contratos para la importación de gas natural.
El beneficiario fue Gas Natural Fenosa, que sigue enviando sus buques metaneros al país en virtud de estos acuerdos, si bien sobre la adjudicación pesan algunas incertidumbres hasta ahora ceñidas a las guerras internas entre los grupos energéticos estatales y exministros como Roberto Dromi, que han destapado sospechas de falta de transparencia en la concesión de estos contratos.
Hasta ahora, todo ha ido con normalidad para el grupo español controlado por La Caixa y Repsol.
