Banco Santander mantendrá a Banco Popular como paragolpes de sus propias demandas. La entidad presidida por Ana Botín ha decidido que el grupo que se quedó por un euro siga inicialmente como filial 100% de grupo Santander, pero fuera del perímetro de Santander España. Podría coincidir con la integración tecnológica, que se producirá casi en 2019. Con ello, el primer grupo financiero español busca mitigar la factura judicial en caso de que alguna de las demandas que reciba Popular señale como responsable a las autoridades, con el Mecanismo Único de Resolución (MUR) en las dianas, según fuentes próximas a Santander consultadas por este medio.
Aun así, desde Santander son conscientes de que es una decisión ajena a ellos y que tendrán que asumir lo que digan los tribunales, tal y como ocurrió con Banesto.
Este mismo martes Santander y Popular dieron un paso más en su unión con la integración de la gestión, al nombrar como nuevo presidente de la filial a Rodrigo Echenique y echar a todo el antiguo comité de dirección. Pero la integración tecnológica será más lenta, como de un año y medio. Entonces será cuando se juntarán los negocios de Santander España y Popular, aunque todavía no está claro en qué dirección.
Podrían fusionarse en Santander España, la sociedad hólding del grupo que controla las filiales extranjeras y también aglutina el negocio de Santander en España. O podría llevarse a Banco Popular S. A. (con otro nombre) el negocio bancario en España, y de esta forma convertir a Santander España en otra filial más como la brasileña, la norteamericana o la británica, entre otras.
Prioridades de la fusión
Para Santander hay tres prioridades en la fusión con Popular: evitar que se marchen clientes, acelerar la venta de activos inmobiliarios y limitar el coste de los litigios. Este último es el que más preocupó a las entidades que analizaron la compra de la entidad hasta hace dos semanas, Santander, BBVA y Bankia.
Por ello, BBVA llegó a plantear en la madrugada en la que se decidió la subasta de Popular que hubiera garantías para cubrir litigios. Según fuentes financieras consultadas por este medio, también lo hizo Santander en las negociaciones previas, algo que niegan desde el grupo.
La factura legal podría ascender a 3.000-4.000 millones de euros, incluyendo el dinero que la entidad captó en la ampliación de capital de 2016 -2.500 millones de euros-, más parte de los 2.000 millones en deuda subordinada que asumió las pérdidas derivadas de que la entidad entrara en resolución.
Hay atenuantes de estas cifras, como la compensación en la que ya trabaja Santander para los pequeños clientes de Popular pillados en acciones, que se anunciará una vez se haya obtenidos los permisos de las autoridades a la compra, que se esperan durante el verano. Es Bruselas quien tiene que decidir al respecto, y suele tardar unas ocho semanas desde el anuncio de la compra.
La factura legal por las demandas de Banco Popular podría rondar los 3.000 millones de euros
No se espera un impacto legal contra el banco de los accionistas de referencia de Popular, que pusieron 500 millones en la ampliación, como Del Valle, Allianz, la Sindicatura y Crédit Mutuel. Aunque habrá demandas, en Santander consideran que tienen poco recorrido ya que estos grandes accionistas estaban representados en el consejo, y por tanto tenían información de primera mano de la situación de la entidad y su contabilidad.
Junto a ello, se da por hecho que va a haber demandas que se van a dirigir contra el Mecanismo Único de Resolución (SRB, por sus siglas en inglés) y contra el Fondo de Reestructuración (Frob), ya que fueron los organismos que redujeron a cero el valor de las acciones de Popular y de su deuda subordinada.
Estrategia de los bufetes
Esta estrategia no inquieta a los bufetes que están preparando demandas, que ya planean abrir procesos legales contra Banco Popular y pedir que Santander sea responsable subsidiario. Prefieren que sea así por la "solvencia de Santander" frente los problemas que puede generar ir contra el MUR.
Este tema está sobre la mesa, y la tensión sobre quién ha sido responsable de la crisis de Popular ha llevado a un cruce de críticas en los últimos días entre Frankfurt y España. Desde el BCE consideran que se debe investigar la fuga de depósitos de Popular en los últimos días, con las administraciones públicas a la cabeza, y de accionistas como BlackRock, ante posible información privilegiada. El ministro de Economía, Luis de Guindos, negó este martes que haya habido información privilegiada y que haya motivos para investigar. Desde la banca española y los accionistas afectados se considera que ha habido fallos de comunicación en Europa y que el MUR no estaba preparado para una crisis como ésta.
