El sistema financiero español recibió entre 2009 y 2015 un rescate de más de 61.495 millones de euros en ayudas a través del FROB (53.553 millones) y el Fondo de Garantía de Depósitos (7.942 millones) para evitar la quiebra, según datos del propio Banco de España. Este coste impuesto al contribuyente para rescatar (bail out) a su sector bancario podría haberse reducido a cero si entonces hubiera estado ya vigente el sistema único de resolución que ahora empieza a rodar, y cuyo objetivo es determinar objetivamente sobre qué acreedores recaerían las pérdidas para que el rescate de las entidades sea interno (bail in).
El Mecanismo Único de Resolución (MUR) acaba de publicar esta semana una guía para recopilar, entidad por entidad, todos los datos referidos a los pasivos susceptibles de sufrir pérdidas en caso de que un banco entre en crisis. Dichos pasivos, conocidos como MREL (mínimo necesario de fondos propios y pasivos elegibles), forman parte del arsenal del que disponen las entidades financieras para afrontar momentos de dificultades en su posición de liquidez o de solvencia. Serán las autoridades nacionales de resolución, en España el FROB, las instituciones encargadas de hacer esta recopilación de información.
En un rescate como el de Bankia en 2012, uno de los primeros en los que se ensayó algún tipo de bail-in en Europa, las autoridades europeas pusieron como condición al destinar fondos públicos que los accionistas de la salida a Bolsa lo perdieran todo, mientras que los dueños de preferentes y deuda subordinada sufrirían pérdidas parciales al transformar dichos productos en acciones para recapitalizar la entidad. Con esta misma filosofía se ha desarrollado la normativa de resolución de la unión bancaria europea: minimizar el coste para el contribuyente, haciéndolo recaer en los acreedores privados, ordenados en función de su riesgo. Los datos recabados a partir de esta semana por el MUR precisamente buscan detallar lo más posible el volumen de cada tipo de pasivos en el balance de cada entidad.
Los depósitos, excluidos
No todos los pasivos de los bancos pueden sufrir pérdidas en el caso de una crisis con el fin de evitar la participación del dinero público. Están garantizados, y por tanto excluidos de las posibles pérdidas, los depósitos hasta los 100.000 euros por persona y entidad. "Esto no evitará que las autoridades de resolución, cuando lo considerasen apropiado, ejerzan sus poderes para imponer pérdidas en las cantidades de los depósitos que excedan las cantidades garantizadas", señala el MUR.
También están a salvo de pérdidas en caso de resolución las obligaciones de deuda garantizada y otros instrumentos financieros similares que formen parte del "cover pool" de cada entidad, y que de acuerdo con la legislación de cada país disfruten de un nivel de protección análogo al de los depósitos. También están protegidas otras obligaciones de deuda contraídas en favor de clientes, así como determinadas obligaciones fiduciarias, siempre que la ley de insolvencia vigente les reconozca como sujetos protegidos en caso de resolución.
Forman parte también de las deudas protegidas por parte del Mecanismo Único de Resolución las contraídas con la Seguridad Social y el Fondo de Garantía de Depósitos, así como las deudas salariales o en materia de pensiones y otras remuneraciones respecto de los empleados (excepto los bonus y salarios variables). También lo están las obligaciones del interbancario respecto de instituciones y operadores del sistema financiero con vencimientos de siete días o menos, así como las deudas contraídas con servicios considerados críticos para operar en el mercado a diario.
Todo lo demás, susceptible de perder si falta capital
El resto de pasivos contenidos en el balance de los bancos europeos serían susceptibles de sufrir, en teoría, pérdidas en caso de que las autoridades llevaran a cabo un bail-in en una determinada entidad. Los primeros en soportar las pérdidas serían los accionistas, que formarían parte del llamado Core Tier1 (capital de máxima calidad) del banco, así como los tenedores de bonos del considerado AT1 (Additional Tier1) que a efectos de ser utilizados para absorber pérdidas son un recurso homologable al capital puro y duro.
Tras éstos, si aún no fueran suficientes los recursos empleados para cubrir los deterioros, entonces en el orden de prelación determinado por las autoridades se ocasionarían pérdidas a los tenedores de deuda subordinada y aquellos con pasivos a largo plazo no garantizados (por ejemplo, participaciones preferentes). Tras éstos, si aún fuera necesario nuevo capital, entonces se aplicarían pérdidas a los depósitos por encima de 100.000 euros de clientes institucionales, y tras éstos a los dueños de derivados financieros, así como otros pasivos tales como obligaciones garantizadas no colateralizadas, deuda estructurada, deuda sénior no garantizada y otro tipo de deudas no necesariamente financieras relacionadas con litigios judiciales, etc.
