No es la primera vez que suena la petición, pero, sin embargo, sí parece que puede ser la primera vez que se cumpla. En reiteradas ocasiones, los grandes banqueros españoles han solicitado que se dejen caer a las entidades no viables, principalmente las antiguas cajas. Pero ahora el debate ha adquirido otra trascendencia desde que Joaquín Almunia, comisario europeo de la Competencia, lanzara el aviso de que España podría tener que liquidar uno de sus bancos nacionalizados no sistémicos (Banco de Valencia, Novagalicia o Catalunya Caixa). Está opción, sin embargo, no se contempla en la actual legislación española. El Banco de España no cuenta con un protocolo que ordene la desaparición de una entidad financiera, puesto que los reguladores no se han planteado nunca esta vía, según confirman en el ente supervisor.
De hecho, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que administra las tres entidades señaladas por Almunia, confirmó ayer que "no tiene previsto instar el concurso o liquidar ninguna entidad de crédito bajo su control". Incluso, Catalunya Caixa, una de las entidades aludidas por el dirigente europeo, emitió una nota en la que aseguraba que su proceso de privatización "avanza hacia la recta final". El pasado miércoles, Economía también negó la liquidación, contradiciendo a Almunia.
Las declaraciones del comisario europeo de Competencia, que hoy se entrevistará con Mariano Rajoy, provocaron ayer un aluvión de llamadas de clientes del Banco de Valencia en el Banco de España solicitando información sobre la posible liquidación de la entidad valenciana.
Aluvión de consultas en el BdE de clientes del Valencia para informarse sobre la posible liquidación
La solución que siempre ha promovido el Banco de España hacia las entidades con problemas ha sido la fusión con otro grupo o la intervención o nacionalización como paso previo a su subasta. "Ese es el esquema de 'liquidación' que se ha manejado siempre en el sistema financiero español. Lo que anunció Almunia sería un procedimiento novedoso en España que habría que arbitrar de alguna manera", aseguran desde un bufete de abogados.
En el caso de liquidación de una entidad, la única medida contemplada por ley es que los depositantes tienen garantizados sus ahorros hasta 100.000 euros por titular a través de una doble vía: los recursos propios de cada entidad y el Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, no se contempla una salida para los accionistas y los bonistas, que verían comos sus inversiones se verían convertidas obligatoriamente en capital.
"La liquidación de una entidad no tendría que ser un proceso muy diferente a un concurso de acreedores. Es decir, tendrían que establecerse quitas a los accionistas y bonistas. Estos últimos serían los últimos en recuperar sus inversiones, en caso de que finalmente pudieran recuperar algo", explican estas fuentes jurídicas.
En las experiencias de Suecia o Islandia, donde la crisis financiera conllevó la liquidación de algunas entidades, el proceso de cierre comenzó con la salida del balance de los activos tóxicos, para su valoración posterior a precio de mercado. Estas minusvalías se afrontaron con los recursos propios de las entidades, que, además, garantizaron los depósitos de los clientes. Para evitar que la liquidación de la entidad aumentase la carga a los contribuyentes, los gobiernos de estos países decidieron que los accionistas y los bonistas, que sufrieron importantes quitas, financiasen el proceso.
En este sentido, Almunia explicó que la "liquidación ordenada" se ha llevado a cabo en otros países europeos y que es "normal" tomar esa medida "cuando el coste de reestructurar es superior al coste de vender sus activos". La normativa europea sobre ayudas públicas de agosto de 2009 abre la puerta a esta vía.
De acuerdo con esa comunicación, para que las ayudas sean admisibles, deben permitir que la entidad recupere la viabilidad de la entidad a largo plazo sin la ayuda estatal. En el caso de que no se cumpla ese requisito, y la entidad y el Estado concedente de las ayudas no pueda demostrar la futura viabilidad de la entidad, la ayuda no se autorizaría. Igualmente, y de acuerdo con la misma normativa, el Estado debe presentar un plan de reestructuración que demuestre cómo recuperará la viabilidad la entidad y en qué plazo. Si no puede restablecerse la viabilidad, el plan de reestructuración debe indicar cómo proceder a una liquidación de manera ordenada.
En esa liquidación no se aplican normas europeas sino nacionales que, en nuestro caso, compatibilizarían las normas sobre protección de los depósitos y, en última instancia, la ley concursal, a falta de protocolo específico.
FG, dudas fuera y más ética
“Es imprescindible, como hace el informe del FMI, diferenciar las entidades. Y desde luego, identificar a las que no son viables, que tendrán que desaparecer”, exigió ayer Francisco González, presidente de BBVA. “El sistema financiero español está dominado por entidades sólidas. El Fondo Monetario Internacional acaba de destacar en su reciente informe que es el 30% del sector el que requiere el 80% de las necesidades de capital identificadas por el FMI”, reiteró el número uno de BBVA, que confirmó que su entidad no necesitará ayuda pública alguna, incluso en los escenarios de mayor estrés.
"Necesitamos mejores principios, más integridad y transparencia en los negocios en general y en la industria financiera en particular", asegura FG
Para Francisco González, el sistema ha fallado. En su opinión se han producido deficiencias importantes de regulación y supervisión que han de corregirse. “Necesitamos mejores principios, más integridad y transparencia en los negocios en general y en la industria financiera en particular. Esta crisis ha puesto de manifiesto comportamientos erróneos, imprudentes o simplemente fraudulentos en muchas entidades a nivel global”, ha destacado.
En este contexto, el presidente de BBVA ha afirmado que ha visto a muchas entidades asumir riesgos excesivos, con el único propósito de maximizar el beneficio a corto plazo, entidades que se han gestionado bajo esquemas de gobierno corporativo débiles. “Cuando las empresas se gestionan y se supervisan con criterios distintos de los empresariales, cuando no hay rendición de cuentas, más pronto o más tarde hay consecuencias muy negativas”. Francisco González ha señalado que “es imprescindible que se identifiquen y se asuman las responsabilidades que correspondan, para evitar repetir en el futuro los errores del pasado”.
