Hoy arranca el plazo (la segunda quincena de junio) que se ha marcado el ministro de Industria, José Manuel Soria, para aprobar la reforma energética que prepara desde hace meses, con el objetivo, reiterado por el ministro este jueves, de "terminar con el problema grave, profundo", del déficit de tarifa o diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico. Pasan los días y sigue la inconcreción de Soria, que ayer, no obstante, dio una pista más. Admitió que estudia aplicar "próximamente" una "subida en la imposición indirecta que grava la generación de energía", después de que Bruselas lo haya "sugerido".
Esa sugerencia de la Comisión Europea tiene más que ver con el saneamiento de las cuentas públicas de España (también ha recomendado subir el IVA, algo que "en estos momentos no está planteado", según Soria) que con el sector eléctrico. Aunque también ha hecho observaciones sobre esta materia en su última evaluación del programa de reformas de España. Y le ha dado un importante rapapolvo. Con España intervenida de facto, en las empresas del sector no dudan que Bruselas va a tener mucho que decir en la reforma de Soria.
Así, la Comisión Europea considera que España cuenta con un sistema de tarificación "ineficiente" y con "un nivel de competencia insuficiente", por la persistencia de un sistema de tarifas reguladas para los consumidores domésticos. Además, cree que el déficit (una deuda de los consumidores con las eléctricas que ya equivale a más de un 2% del PIB) se debe "en parte" a esa falta de competencia y ha criticado los "costes ocultos derivados del apoyo a ciertas actividades reguladas", como las "subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón" o la retribución de las actividades de transporte y distribución eléctrica.
Entre las críticas de Bruselas, que también ha cuestionado la última subida de tarifas (cree que "puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas"), la que más escuece a las eléctricas es la de la "compensación excesiva" que cobran las centrales hidráulicas y nucleares, que están (no hay matiz en su afirmación) "amortizadas", algo que el propio Soria ha sugerido en alguna ocasión.
El ministro repitió ayer su mantra de que el modelo energético debe ser "seguro y sostenible" desde el punto de vista medioambiental y financiero, y reiteró su "apuesta" por las energías renovables, cuyo crecimiento descontrolado en los últimos años ha disparado el déficit de tarifa. Está por ver si Soria rebaja las primas a las instalaciones en funcionamiento. La moratoria que aplicó a principios de año no ha gustado a la Comisión, que cree que "desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos" en 2020.
Preguntado por la posible subida de la luz del próximo 1 de julio, Soria dijo que "va a depender fundamentalmente de la subasta" Cesur (que fija la parte liberalizada del recibo, la de la energía) del próximo día 26 y "de la evolución del coste de los peajes", que cubren los costes regulados (como el transporte, la distribución y las primas a las renovables) y que determina el propio ministerio. Respecto a la Cesur, los precedentes apuntan a una subida (así ocurrió en junio de 2011 y 2010), aunque la caída del precio del petróleo podría permitir un abaratamiento.
