El pasado 1 de enero el proyecto de unión bancaria europea dio un paso más hacia su pleno desarrollo: tras meses en fase de pruebas, el Mecanismo Único de Resolución (SRM, por sus siglas en inglés) comenzó su andadura con plenas funciones. Este organismo, dirigido por Elke König, es otra de las patas sobre las que se asienta el sistema de banca única (junto con supervisión), y con el inicio del año ya está dando sus primeros pasos.
Y es que recientemente el SRB (órgano de gobierno del SRM) publicó el listado de entidades financieras europeas bajo su control. Así, el máximo organismo europeo en materia de resolución revisará los planes anticrisis de los mismos 129 bancos considerados de importancia significativa por el Banco Central Europeo (BCE), entre los que se cuentan los españoles Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular, BMN, Bankinter, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank, Liberbank, Abanca y Unicaja, tal y como consta en el listado oficial del supervisor.
Pero además de las entidades del ámbito BCE, el nuevo SRM sumará otros 15 grupos bancarios “transfronterizos” dentro de su ámbito de control, según el listado adicional aprobado por la dirección del Mecanismo Único de Resolución. Entre las entidades añadidas (el listado completo se puede consultar aquí) está Banca Mediolanum y su filial española, la financiera de BMW, el Laiki Bank de Chipre o el Hypo Alpe Adria Bank austriaco.
Un mecanismo para resolverlos a todos
La inclusión de estas quince entidades adicionales se aprobó durante las negociaciones que perfilaron el funcionamiento definitivo del SRM. La labor de este organismo, que desde el comienzo del año ya trabaja por fin con plenas competencias, será análoga a la que llevará a cabo el nuevo FROB en España: “Evitar rescates con dinero público y escenarios sin solución”. La lógica del nuevo sistema es la de establecer un sistema común con unas reglas comunes que evite el contagio sistémico en caso de crisis en una entidad (por grande que sea) así como el peligro de que un banco sea “demasiado grande para dejarlo caer”, tal y como ha ocurrido en varias ocasiones durante la última crisis financiera en Europa y Estados Unidos.
Tras ver la luz en enero de 2015, su primer año de existencia ha estado marcado por la aprobación de los primeros planes de anticrisis de los bancos europeos
Más en concreto, la labor del SRM, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de resolución (como el FROB), con el BCE y la Comisión Europea, es la de asegurar resoluciones controladas para aquellas entidades financieras en crisis, de forma que tengan un impacto mínimo en la economía real, los depositantes y los contribuyentes. Tras ver la luz en enero de 2015, su primer año de existencia ha estado marcado por la aprobación de los primeros planes de anticrisis de los bancos europeos. Es decir, los planes en los que se detallan las actuaciones concretas para resolver la crisis de cada entidad significativa.
Dichos planes, aún en fase transitoria, se tendrán que perfilar y ampliar a lo largo de 2016 en colaboración con las autoridades nacionales (en España, BdE y FROB). Además, se aprobarán el resto de planes de aquellas entidades que en 2015 no estuvieran obligadas a haber presentado ya dichos documentos.
El Fondo Común ya está en marcha
Otra de las novedades relacionadas con el Mecanismo Único de Resolución es la puesta en marcha de su Fondo Único. Tal y como ya contó Vozpópuli, este nuevo instrumento, complementario al Fondo de Garantía de Depósitos, nace con la misión de atesorar una cantidad de capital en reserva (aportado por todas las entidades, solidariamente) con la que poder afrontar futuras resoluciones y crisis financieras sin tener que recurrir a dinero público.
El conocido como SRF (por sus siglas en inglés) se constituirá con las aportaciones de los distintos bancos europeos, que a partir de este año tendrán que cumplir con su derrama correspondiente en los distintos compartimentos nacionales. En principio, la banca española está destinada a aportar un 1% de sus depósitos garantizados, unos 5.300 millones de euros para los próximos ocho años, y cada entidad pagará en función de su tamaño y su riesgo acumulado en balances, de forma que las entidades que hayan sido menos prudentes tendrán que aportar más capital al nuevo fondo que las más conservadoras.
