El director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha manifestado la intención de llegar hasta el final en las propuestas de sanción impuestas a dos usuarios de Blablacar que "superaron el límite de 19 céntimos por kilómetro que separa la actividad de transporte de la que se considera transporte colaborativo según el Ministerio de Fomento". Sobre ellos recaen por el momento dos sanciones pecuniarias de 4.001 euros, según ha indicado Rodríguez Sardinero a este diario. La intención de la administración es judicializar el caso si es preciso y no perdonar las sanciones.
Ambos usuarios, que venían realizando una actividad "sospechosa" según la Comunidad de Madrid, hicieron alegaciones a los expedientes, mientras que la empresa no alegó. Para Blablacar también hay propuesta de sanción: 4.001 por "facturar en nombre propio transporte público" y 801 euros por "ofertar transporte público". El expediente sancionador se inició en agosto y ahora se abre la posibilidad de recurso de alzada, recurso de reposición y contencioso administrativo.
Fuentes conocedoras de la operación aseguran, por su parte, que prácticamente todos los conductores de Blablacar ponen precios superiores a los 19 céntimos por kilómetro, aunque en este caso la inspección ha optado por no multar a todos si no tan sólo los casos más graves.
"Blablacar tiene que cambiar su forma de operar, porque estaba ofertando transporte público sin tener título de transporte. Se ha sancionado a dos usuarios por hacer transporte público sin título habilitante. El criterio lo marca la web del Ministerio de Fomento con respecto al observatorio de costes, a partir de 19 céntimos por kilómetros es transporte, y por debajo es transporte colaborativo. Estos dos usuarios, en función del estudio y los trabajos realizados por esta dirección general, superan ese coste".
Se ha sancionado a dos usuarios por hacer transporte sin título habilitante
Blablacar indicó este pasado día 17 en una nota de prensa que "ningún usuario de Blablacar ha sido sancionado". Lo que quiere decir la compañía es que "los expedientes administrativos a los usuarios mencionados siguen pendientes de resolución, por lo que no se ha impuesto ninguna sanción", si bien es convicción firme de la dirección general imponerla, tal como ha declarado su responsable.
Obstrucción de la investigación
Fuentes conocedoras del asunto han asegurado que la situación se ha agravado para Blablacar por su primera reacción cuando la inspección de transportes autonómica le solicitó información por primera vez. Las respuestas de la compañía hacia la comunidad autónoma fueron evasivas y sin aportar la documentación requerida, aseguran. Rodríguez Sardinero ha confirmado este punto aunque también ha querido tranquilizar: "Ningún usuario usa la plataforma de manera irregular, ni tampoco he dicho que la empresa haga actividad ilegal. Lo que digo es que la empresa ha incurrido en dos artículos de la LOTT por los que no se ajusta. Si hubieran entregado la documentación en la fecha en que se les requirió y se fueron negando, pues a lo mejor en vez de estar hablando del mes de agosto estaríamos hablando de sanciones en febrero".
La fortuna, aparentemente, ha querido que esta sanción a la compañía se de a conocer en las mismas fechas en que se espera la importante sentencia de un juzgado mercantil de Madrid, en la que las asociaciones de autobuses reclaman medidas de control sobre esta compañía.
