Endesa se plantea una transición hacia la economía totalmente descarbonizada más tranquila que la que pretende Iberdrola pero este hecho no va a eximir a la compañía controlada por la italiana Enel de tener sus más y sus menos con el Gobierno. Coincidiendo con la presentación de su plan estratégico actualizado, Endesa lanzó un mensaje al Ejecutivo, que ultima un real decreto para establecer una serie de requisitos a las compañías a la hora de cerrar las centrales: la medida no le saldrá gratis al Ejecutivo.
"Si el Gobierno nos obliga a mantener centrales que no son rentables, tendrá que compensarnos de alguna forma". Así se expresó el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en el transcurso de la conferencia que mantuvo con analistas del sector para explicar la actualización del plan estratégico. Bogas recordó que Enel, que controla algo más de un 70% de Endesa, anunció su intención de no invertir en las centrales térmicas de Compostilla (León) y Teruel. "El motivo es muy claro: estas centrales no son rentables".
La polémica sobre el futuro de las centrales, que venía de atrás, relacionada en este caso con las nucleares, se reavivó hace casi dos semanas, cuando Iberdrola anunció su intención de cerrar las dos últimas centrales de carbón que le quedan en España. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y remitió poco después a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el texto del citado real decreto para endurecer los criterios de autorización de cierre de centrales. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, recordó entonces que la política energética debe definirla el Gobierno y no las empresas.
En este sentido, Bogas afirmó que "el Gobierno tiene el derecho y, al mismo tiempo, el deber de fijar la política energética. Pero si nos obliga a mantener instalaciones no rentables nos tendrá que compensar", insistió.
Invertir en generación tradicional
El remozado plan estratégico de Endesa contempla la inversión de un total 700 millones de euros hasta 2020 en la generación de energía a través de las fuentes tradicionales. De ellos, 400 millones irán a parar a las nucleares, para asegurar una operación a largo plazo, segura y productiva.
El resto se destinará a las térmicas, para adaptarlas a las mejores prácticas medioambientales. Así, las destinatarias de las inversiones serán las centrales de carbón importado y aquellas en las que se desarrollan tecnologías de almacenamiento. El futuro para Compostilla y Teruel sigue siendo oscuro.
Tras el anuncio por parte de Enel de no destinar nuevas inversiones a estas instalaciones, el ministro Nadal lanzó un furibundo ataque contra Enel en sede parlamentaria, acusando a la eléctrica pública italiana de tomar estas medidas sin importarle lo más mínimo porque afectan al empleo en España y no en Italia.
Trabas para cerrar centrales
El proyecto de real decreto contempla que el cierre de una determinada central tendrá que cumplir una serie de requisitos tales como no hacer peligrar el suministro y no afectar al comportamiento de los precios de la electricidad. El Gobierno se ha mostrado especialmente sensible con este asunto después de que el pasado invierno el recibo de aquellos ciudadanos que cuentan con tarifa regulada se encareciera de forma notable debido a que el mercado mayorista se disparó y llegó a marcar precios superiores a los 100 euros por megawatio/hora.
Las estimaciones del Ejecutivo contemplan que el precio de la luz subiría un 25% si se cerraran las centrales nucleares y un 15% si se pusiera fin a las térmicas.
Los planes de Endesa están más en línea con los del Ejecutivo al apostar por este tipo de instalaciones para asegurar del suministro y la estabilidad del mercado en la transición hacia una economía totalmente libre de emisiones contaminantes en 2050. Sin embargo, la compañía considera que el Gobierno no puede obligar a ninguna empresa a perder dinero. Y si lo hace por el bien del sistema, deberá compensarlo.
