Entre 482,9 y 496,4 millones de euros. Éste era el valor de Banca Privada d'Andorra (BPA) antes de su destrucción según dos analistas independientes y es la cantidad que reclaman los antiguos accionistas de la entidad, que acaban de presentar una demanda judicial contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF, el supervisor financiero). Los antiguos dueños del banco acuden a los tribunales por los "graves daños y perjuicios" provocados por las autoridades del principado, a las que acusan de haber llevado a cabo todas sus decisiones con el objetivo de "poner fin a la existencia de la entidad sin garantizarle en ningún momento la presunción de inocencia".
Los máximos accionistas de BPA, la familia Cierco, reclama por su parte 364,6 millones de euros, correspondientes al 75,5% de su participación en el capital social de la entidad bancaria andorrana. En su reclamación, los antiguos dueños del banco incluyen dos informes de analistas independientes (Tracis y Grant Thornton) que rebaten la supuesta inviabilidad de la compañía, que terminó por acabar con la misma. Bien al contrario, los demandantes acusan a las autoridades andorranas de mala organización. "Tanto el ejecutivo como el supervisor han actuado de una forma coordinada en la generación del daño a BPA y sus accionistas mayoritarios", según refleja el escrito de acusación.
"Poco antes de la intervención de la entidad el propio supervisor avaló la valoración de Banco Madrid"
El recurso a los tribunales llega después de que las autoridades andorranas hayan rechazado los argumentos de los afectados en la vía administrativa. Tanto es así que denegaron los motivos y la indemnización monetaria de los accionistas aludiendo a que el dinero reclamado eran especulaciones. "Pero lo decían sin aportar ningún tipo de informe contradictorio y obviando que poco antes de la intervención de la entidad el propio supervisor avaló la valoración de Banco Madrid que prácticamente al céntimo de euro repiten hoy ambas firmas finalistas", añaden los demandantes en su escrito.
En esencia, los afectados acusan a las autoridades de haber actuado en contra de los intereses de BPA y sus accionistas una vez que las autoridades de Estados Unidos (la FinCen) y las españolas (cuando intervinieron Banco Madrid), de forma que acabaron desencadenando la destrucción de la entidad pese a no haber pruebas, ni acusación ni cargos reales en su contra. Además del daño económico, el colectivo de antiguos dueños de BPA se plantean exigir perjuicios morales y reputacionales.
Estudian querellarse contra la directora del INAF
También "se reservan" los accionistas de BPA la opción de acudir a los tribunales contra los miembros del consejo de administración del INAF, en especial contra su directora general, "de la que habrá que analizar un eventual comportamiento ilícito" debido a su anterior responsabilidad como auditora en Andorra para la firma KPMG, que durante años "analizó debidamente BPA sin advertir ninguna anomalía destacable". Tanto es así que hasta mayo de 2015 el banco ahora desaparecido no había recibido en ningún caso sanción alguna por parte del supervisor andorrano.
Aunque no mencionan en el escrito la posibilidad de acudir a los tribunales contra los responsables del Gobierno andorrano, sí que acusan al jefe de Gobierno, Toni Martí, de generar "más alarma" de la que ya existía. Acusan al INAF de no haber estado nunca preocupado por la viabilidad del banco, así como al Ejecutivo. A ambos los critican porque según relatan su única pretensión "fue preocuparse por el resto de la plaza" tomando decisiones sin cobertura legal, o dándole ese amparo legal a posteriori. "Medidas todas ellas que han conducido a la destrucción de BPA sin plantear soluciones alternativas", explican.
