En septiembre de 2009, Mariano Rajoy lamentaba, en un mitín muy celebrado posteriormente en las redes sociales, que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, iba a subir el IVA de “los chuches”, como efectivamente ocurrió en mayo del año siguiente.
El IVA volvería a subir, ya con Rajoy al frente del Ejecutivo, en julio del año pasado. Para entonces, el fabricante de caramelos Fiesta, un emblema en este negocio, ya estaba en concurso de acreedores, una situación en la que llevaba desde diciembre de 2011 y a la que ha conseguido darle la vuelta hace un par de meses.
En febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid dictó la aprobación de la propuesta anticipada de convenio formulada a sus acreedores por Fiesta, S. A. (su fábrica de golosinas) y Fiestasa, S. L., compañía a través de la cual realiza la distribución de sus productos.
La decisión, esperada en el sector, implicaba el cese de la Administración Concursal de ambas sociedades y ha permitido a los propietarios de Fiesta, los hermanos Mayoral, iniciar una nueva etapa en la empresa madrileña, fundada por la familia (de origen venezolano) hace casi 50 años, en 1965.
La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 27 de abril y consta desde esta semana en el Registro Mercantil. Este diario llevaba varios días intentando contactar con los responsables de Márketing de Fiesta (encargados de las relaciones con la prensa en la empresa) para conocer los pormenores del levantamiento del concurso. Pero no ha tenido éxito. Este viernes, el portal especializado dulcesnoticias.com adelantaba el fin del concurso y destacaba el “importante crecimiento de la productividad” que, según la empresa, lo ha hecho posible.
Antes de su entrada en concurso, en octubre de 2011, Fiesta propuso a sus accionistas una “operación acordeón” (reducir su capital social a cero para ampliarlo después) para compensar unas pérdidas acumuladas de 4 millones de euros en los dos ejercicios precedentes. También puso en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal para toda su plantilla, que entonces era de 228 trabajadores en su planta de Alcalá de Henares (Madrid). Esas medidas no impidieron que, tres meses después, presentara concurso voluntario de acreedores.
Al grupo le pilló la crisis cuando estaba en plena expansión en países como Italia y Alemania
En enero de 2012, su director general, Pedro Mayoral, aseguraba que el concurso no iba a impedir que la empresa siguiera “funcionando sin problemas” y recordaba que Fiesta ya vivió una situación similar en 1983: “Estábamos vendiendo en alimentación con altos costes financieros y también habíamos realizado inversiones importantísimas". “Fuimos capaces de salir", recordaba, "con total seriedad y compromiso” con sus proveedores.
Fiesta, con unos 30 millones de euros anuales de facturación antes de entrar en la antigua suspensión de pagos, cuenta con una fábrica en la localidad madrileña de Alcalá de Henares desde la que elabora los productos que vende a cerca de 25 países. Además, tiene 21 almacenes en España, de acuerdo con su web.
La empresa atribuía en 2010 su situación de entonces (ya delicada) al esfuerzo extra para vender en el exterior: "Estamos creciendo más en exportación, que como se sabe necesita más financiación. Nos ha pillado la crisis en plena expansión por Italia y Alemania, para lo que todavía necesitamos mucha inversión”, decía Mayoral, que hacía hincapié en la desaparición de "casi un 10%" de sus puntos de venta, "unos 5.000 de nuestros clientes directos”.
En el catálogo de Fiesta figuran productos que flotan en el imaginario colectivo de muchos españoles: el caramelo con palo relleno de chicle Kojak, sus famosas piruletas y el Fresquito, un sobre con polvo dulce y caramelo con palo para mojar.
La empresa es, en suma, un icono del negocio de las chucherías, que no su diminutivo, 'chuches' (la RAE sólo acepta esa palabra como conjugación del término nicaragüense "chuchar", esto es, "realizar el coito"), como muestra el hecho de que acuñara hace décadas la palabra "piruleta", que la Real Academia aceptó en su Diccionario en junio de 2010.
El levantamiento del concurso de esta empresa supone una excepción al amargo final con el que suelen concluir este tipo de procesos. Según estadísticas oficiales del INE, apenas un 1% del total de concursos acaba en convenio y, “muchas veces, esos acuerdos se acaban incumpliendo porque la empresa no puede sacarlos adelante”, explica un abogado especialista en procedimientos concursales.
