El juez De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, investiga desde hace meses posibles delitos de blanqueo de capitales por parte del banco HSBC. Dicha investigación, tal y como se ha sabido desde la pasada semana, podría implicar además a Banco Santander, toda vez que la Guardia Civil sospecha que esta entidad pudo haber ayudado en dicha trama de blanqueamiento de dinero procedente de Suiza. Un lío más para "el banco de todos los escándalos", según lo bautizó el diario francés Le Monde.
Desafortunadamente para los responsables de HSBC (siglas en inglés de Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghái), esta causa judicial tan solo es el último episodio de una larga lista de frentes abiertos para este gigante financiero especialmente relevante en España por su vinculación con la llamada lista Falciani, motivo por el que la Fiscalía comenzó a investigarlo. La entidad afincada en Londres, acostumbrada ya a acallar con cientos de millones sus líos judiciales, es uno de los grandes bancos globales, y han estado presentes en buena parte de los escándalos desatados tras el estallido de la crisis financiera internacional.
La causa judicial de Santander tan solo es el último episodio de una larga lista de frentes abiertos para este gigante financiero
Hace apenas un año, la división suiza del HSBC, la misma que ahora está en el ojo del huracán por su presunto blanqueamiento de capitales a través de España, aceptó pagar una multa de 38 millones de euros para cerrar una investigación penal por parte del fiscal general de Ginebra. Éste tenía pruebas que al parecer demostraban los vínculos del banco con la entrada en el país helvético de fondos procedentes de actividades ilegales y criminales.
La investigación llevada a cabo por el fiscal general del cantón suizo demostró "un déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero" que a juicio de las autoridades justificó la apertura de cuatro expedientes sancionadores. Finalmente las pesquisas solo permitieron culminar dos de ellos, por lo que la entidad bancaria aceptó llegar a un acuerdo y pagó los 38 millones de euros con los que saldar los perjuicios provocados. Dicho importe fue el máximo impuesto a ninguna entidad financiera en Suiza.
Acusaciones en Bruselas
HSBC habría ayudado a evadir impuestos a miles de clientes adinerados de todo el mundo, entre los que se incluirían españoles relevantes, cuarenta de los cuales están siendo investigados por juzgados provinciales de todo el país. Pero ahí no acaban los problemas de la entidad. Apenas unos meses antes de destaparse el escándalo de la lista Falciani, HSBC ya había sido acusada por la Fiscalía de Bruselas (Bélgica) por presuntos fraude fiscal y organización criminal en su división de banca privada.
Un escándalo que solo se sumaba al que meses antes también había tenido a la entidad británico-hongkonesa como uno de sus protagonistas: en mayo de 2014 la Comisión Europea acusó a HSBC, así como a Crédit Agricole y J.P.Morgan de vulnerar las reglas de Competencia de la Unión Europea al participar en un cártel con el que manipulaban los derivados de los tipos de interés. Bruselas sospechaba que estos tres bancos habían participado en un acuerdo ilegal cuyo objetivo era falsear la evolución normal de los componentes del precio de los derivados de tipos de interés en euros. Este comportamiento suponía una vulneración de los Tratados, que prohíben las prácticas comerciales que restringen la competencia.
La Comisión inició sus pesquisas con una serie de inspecciones por sorpresa en los locales de varios bancos en octubre de 2011. En diciembre de 2013, en el marco de esta investigación, el Ejecutivo comunitario ya impuso una multa acumulada de 1,04 billones de euros a Barclays, Deutsche Bank, Société Générale y RBS por participar en este mismo cártel. Además, en julio de aquel año, las autoridades estadounidenses impusieron por su parte una multa récord de 1.470 millones euros a HSBC por ignorar las leyes contra el blanqueo. También en Estados Unidos, unos meses después un juez de Chicago condenó al banco a pagar más de 1.800 millones de euros a cerca de 10.000 inversores perjudicados por la publicación de cuentas falseadas de la entidad.