CEOE hizo pública este lunes la “unánime oposición” de los sectores empresariales integrados en la patronal contra el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que actualmente tramita el Senado.
La organización llevaba semanas preparando una nota para resumir su alarma por el conjunto de medidas (básicamente, nuevos impuestos para tratar de atajar el déficit tarifario del sistema eléctrico) que han cocinado al alimón los ministerios de Industria y Hacienda. Esas medidas, señala CEOE, “no son el camino a seguir” porque supondrán “una pérdida de competitividad de los sectores industriales, incluida la industria eléctrica, responsables del 90% de nuestras exportaciones de bienes, que a su vez conducirá a una reducción de las mismas, con el consiguiente deterioro de nuestra balanza de pagos, menor nivel de actividad, pérdida de puestos de trabajo y una más lenta recuperación”.
La patronal, en un tono muy medido pero duro en el mensaje, recuerda que el precio final que pagan los consumidores eléctricos españoles “está entre los más elevados” de Europa pese a que, en el mercado diario (el llamado pool eléctrico), “se encuentra sistemáticamente en la banda baja de los mercados eléctricos europeos”.
“No parece que el problema radique en la falta de competitividad de las empresas eléctricas”, dice la organización que preside Juan Rosell (que es consejero de Gas Natural), que reclama “la reducción de los costes asociados” del sistema eléctrico, como las primas a las renovables (a las que no cita), “que son los principales responsables del elevado nivel de precios y que son ajenos a los costes propios del sistema energético”.
Sedigas pide rebajar "al mínimo" el céntimo verde al gas natural
La CEOE se suma así al rechazo que ya han expresado, en público o en privado, otras organizaciones empresariales como Unesa (la patronal eléctrica), Protermosolar o, de forma individual, las propias empresas eléctricas. La denominada reforma energética, en resumen, no parece contentar a nadie. Este lunes, la patronal gasista, Sedigas, señaló, por boca de su secretaria general, Marta Margarit, que presionará en el Senado para que el denominado céntimo verde al gas natural “se rebaje al mínimo de la UE”.
El paquete de medidas, al que ya se conoce como impuestazo, “no tiene nada de reforma”, dijo Margarit, que se quejó de que el sector gasista debe “pagar los platos rotos” del “problema eléctrico”.
La directiva de Sedigas confirmó que, ante la “crítica” situación de las centrales de ciclo combinado (no hay demanda y sobran megavatios), algunas eléctricas analizan trasladar plantas de este tipo a otros países. “Sale algo más barato trasladar y montar de nuevo una planta que crearla desde cero”, explicó. El problema es que REE, gestor técnico del sistema, no autoriza el cierre de estas instalaciones, aunque Margarit consideró probable que algún operador solicite clausurar centrales de este tipo “en los próximos meses”.
