Dos gobiernos distintos, de color político y tendencia diferentes… pero con idéntica contumacia en el error. Así se puede definir la estrategia seguida por la Administración central referente al denominado bono social, cuyo sistema de financiación ha tumbado la Justicia en estos días por segunda vez y por el mismo motivo: hacer que sean las compañías eléctricas las que corran con los gastos. En este caso, el coste a devolver a las empresas se sitúa cerca de los 500 millones de euros y, como en el anterior (cuya factura estuvo en el entorno de los 275 millones), todo apunta a que lo pagará el consumidor vía recibo.
El primer revés sufrido por el sistema de financiación del bono social data de febrero de 2012, casi tres años después de entrar en vigor la implantación de este sistema creado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como ha ocurrido ahora, el Tribunal Supremo determinó que este tipo de ayuda, consistente en el descuento del 25% de la factura a hogares bajo determinados criterios (familia numerosa, potencia instalada inferior a 3 kilowatios, situación de desempleo para todos sus miembros, entre otras), no debía ser financiada por los operadores del sector.
Tras un periodo de transición de año y medio, en el que la financiación se realiza por el sistema de liquidaciones reguladas, el Ejecutivo, ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy, establece en marzo de 2014, aunque con efectos retroactivos desde enero, que el bono social sea financiado por las compañías verticalmente integradas, es decir, por aquellas que intervienen en todo el ciclo energético, desde la generación a la distribución.
Es decir, una vuelta a las andadas que no tardó en tener respuesta por parte de las empresas, que acudieron prácticamente al unísono a los tribunales para denunciar el sistema. Dos años después, la respuesta del Supremo ha llegado en los mismos términos para las demandas presentadas por Endesa y Viesgo y aún se esperan las correspondientes a las denuncias del resto de afectadas, que irán por la misma línea.
El aval de la Unión Europea
En este caso, además, la decisión del Supremo viene avalada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que establecen que las tarifas sociales no pueden tener carácter discriminatorio.
A la espera de que se defina un nuevo sistema y la forma de devolver a las empresas energéticas los cerca de 500 millones con los que han financiado el bono social, todo apunta a que este último capítulo se resolverá como en la anterior ocasión, es decir, a través de la factura, con cargo al consumidor.
Fuentes del sector apuntan a que podría emplearse el superávit de tarifa aunque lo creen poco probable. En todo caso, aseguran, sería para cubrir sólo una parte del agujero. El resto, vía tarifa eléctrica.
En el sector se denuncia la escasa atención que se ha prestado a las compañías a la hora de tramitar el bono social, al que no se opone ninguna de ellas pero siempre y cuando vaya con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La propuesta de Endesa
Sin ir más lejos, Endesa realizó antes del verano una propuesta para reformar el bono social, basada en la creación de un fondo para costear las facturas de las familias más vulnerables financiado por las Administraciones central y local y enfocar el fondo de eficiencia energética a mejorar las prestaciones de los hogares más vulnerables.
La reforma propuesta por la compañía, que no ha recibido respuesta alguna por parte del Ejecutivo, hacía hincapié también en un aspecto reclamado también desde otras compañías: la necesidad de modificar los requisitos para acogerse al bono social con el fin de hacer que se basen en criterios de renta. Algunos de ellos, como el de familia numerosa y potencia instalada mínima (este último muy relacionado con segundas residencias) se corresponden en numerosas ocasiones con consumidores que no forman parte precisamente de colectivos vulnerables pero que, con la normativa en la mano, pueden disfrutar del descuento del 25% en la factura.
Iniciativas empresariales
Mientras llega una nueva decisión por parte del Gobierno, las empresas han decidido tomar su propio camino. Por ejemplo, Iberdrola ha firmado numerosos convenios con administraciones locales y asociaciones como Cruz Roja y Cáritas para determinar los hogares realmente vulnerables y garantizarles que no se interrumpirá el suministro de luz y gas en el caso de que no puedan hacer frente al pago de la factura.
Por el momento, la Administración ha preferido ir por libre y las consecuencias se traducen en una factura de cerca de 800 millones de euros, un tercio de la cual ya ha pagado el consumidor, abocado a hacerse cargo también del resto.
