Las cláusulas suelo de la banca han causado un perjuicio medio a los hogares hipotecados de entre 2.155,1 euros y 4.276,8 euros anuales, para préstamos de entre 150.000 y 250.000 euros. Si tenemos en cuenta que dichas cláusulas llevan comercializándose entre 10 y 12 años, pero que el perjuicio no se habría empezado a producir hasta las caídas de los tipos de interés por debajo de los suelos (año 2009) el sobrecoste podría alcanzar un máximo de 25.000 euros para una familia media, a partir de las cifras difundidas por la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae).
Esta organización de consumidores se mostró satisfecha de que un informe de la Comisión Europea les haya dado la razón al confirmar la retroactividad total de los cobros indebidos por parte de las entidades. Este informe, aunque no es vinculante, contradice al Tribunal Supremo español, que determinó que la retroactividad de las devoluciones sería como máximo hasta mayo de 2013, cuando el alto tribunal determinó que las cláusulas suelo no se habían ajustado a la ley en entidades como el BBVA, que acabó por retirarlas todas.
Los cálculos de Adicae hablan de 24.000 millones de euros como montante total que tendrían que resarcir los bancos
Este informe abre la puerta a una sentencia de los tribunales europeos que obliguen a resarcir los pagos indebidos desde el inicio de la hipoteca. Aunque la propia Adicae habló en su momento de un montante total de hasta 24.000 millones de euros (y otros cálculos hablan de unos 20.000 millones), ahora se muestran escépticos respecto a estos números. Temen que sean unas cifras infladas, tan grandes que puedan poner en peligro la sostenibilidad del sistema financiero y por lo tanto no se llegue a exigir su cobro por miedo a quebrar al sector.
De 204 a 55 millones de euros
Sin barajar siquiera la posibilidad de que la devolución sea retroactiva y para todo el sector, la banca de inversión internacional lleva meses haciendo sus propios cálculos respecto a cuánto costaría a cada entidad una hipotética eliminación de las cláusulas suelo. Sin contar al Santander y a Bankinter (porque nunca han incluido suelos en sus hipotecas) ni al BBVA, que ya las eliminó en mayo de 2013, el coste conjunto de suprimir los suelos podría suponer un coste de casi 600 millones de euros a las principales entidades financieras españolas.
Desde el banco suizo Mirabaud, en un informe del 7 de septiembre de 2015 al que ha tenido acceso Vozpópuli, se estima que el impacto en la cuenta de resultados para cinco de las principales entidades afectadas sería de 576 millones de euros: 195 millones para Caixabank, 164 millones para Sabadell, 126 millones para Popular, 55 millones para Liberbank y 36 millones en el caso de Bankia. Los también helvéticos de Credit Suisse estimaron, en un informe de abril, que los beneficios de la banca española caerían alrededor de un 20% en su conjunto si se eliminasen todos los suelos, con especial incidencia en el Popular y el Sabadell, con caídas en el entorno del 30-35%.
Morgan Stanley, por su parte, calculó que una hipotética prohibición de las cláusulas suelo conllevaría un coste de 960 millones de euros para Caixabank, Sabadell y Popular. En el escenario manejado por el banco estadounidense la retroactividad se aplicaría hasta mayo de 2013.
Resistencias para eliminarlas
La banca hace tiempo que da por acabadas las cláusulas suelo, aunque buena parte del sector se resiste a eliminarlas de una forma definitiva hasta que no se resuelvan las causas judiciales abiertas al respecto. En concreto, una que se resuelve en un juzgado de lo Mercantil de Madrid está ya vista para sentencia, y podría suponer la eliminación, de facto, de todas las cláusulas para 101 entidades financieras y de crédito en España. Al menos ésa es la previsión de Adicae y de la banca de inversión, que da el caso por resuelto en contra de los intereses de los bancos.
La AEB remitió un correo interno puntualizando algunos aspectos del informe de la UE sobre las clausulas suelo
Al conocer la información de que un informe de Bruselas apostaba por la retroactividad total, la Asociación Española de Banca (AEB) ha remitido un correo interno a sus asociados puntualizando algunos aspectos, como que "el informe expresa solo la opinión de los servicios jurídicos de la CE, pero no de la Comisión Europea como institución". Es decir, que es la opinión, importante o no, de una de las partes personadas en el procedimiento abierto en el TJUE, "al mismo nivel que el resto de opiniones solicitadas a otras partes". Y es que España y Reino Unido han presentado alegaciones favorables a las tesis del Supremo de fijar la retroactividad a mayo de 2013.
Otro de los aspectos sobre los que insisten desde la AEB es que tanto la investgación del TJUE como la sentencia del Supremo tratan sobre cómo se comercializaron las clásulas suelo, no sobre su legalidad en sí misma.
