Son casi 500 las empresas energéticas que el Ministerio de Industria ha incluido en el listado de financiadores del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Grandes, medianas y muchas pequeñas, todas ellas, tienen que pagar los 255,7 millones de euros con los que el Gobierno quiere dotar al Fondo este año.
Según las fuentes consultadas, estas aportaciones (Repsol, 76,6 millones; Cepsa, 25; Gas Natural, 25,6; Endesa e Iberdrola, 23 cada una…) al Fondo suponen un extracoste para las compañías energéticas, que podrían repercutirse a los precios finales de los servicios que prestan (luz, gas, combustibles…).
De ahí que algunas de ellas hayan solicitado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue el proceso de creación del Fondo y el sistema de asignación de cuotas y pagos al mismo. La propuesta de Orden Ministerial ha sido sacada a audiencia pública por parte del Ministerio de Industria y, en principio, la CNMC no tiene previsto realizar ningún informe al respecto.
Sin embargo, algunas compañías (la mayoría de ellas ha presentado alegaciones a la norma) están pidiendo que el organismo regulador que vela por la competencia de los mercados haga un informe del Fondo.
Hay pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas renovables, a las que su aportación al Fondo les podría provocar un impacto negativo importante en sus cuentas
"Hay pequeñas y medianas empresas incluidas en la lista a las que un pago anual de 50.000 o 60.000 euros les puede destrozar su rentabilidad. Para ellas, el trastorno de verse incluidas en el Fondo y el impacto financiero que pueda tener en sus cuentas las puede desplazar del mercado, además de obligarles a subir los precios finales, algo que lógicamente afectaría a la competencia en el sector", afirma un experto consultado.
Tampoco ha sido bien recibido el Fondo de Eficiencia entre las grandes compañías eléctricas, especialmente las renovables, que han sido las que más han sufrido los recortes de la retribución aplicados en 2014 por la reforma eléctrica del ministro José Manuel Soria y ahora tendrán que financiar la iniciativa.
Sabían que, tarde o temprano, el Gobierno transpondría la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, pero el modelo elegido para crear el Fondo les va a suponer un nuevo rejonazo a sus ingresos.
Las compañías podrían pedir que la CNMC elabore un informe aprovechando que aún sigue abierto el periodo de alegaciones y audiencia pública de la Orden Ministerial
En las alegaciones a la propuesta de OM, algunas empresas renovables han planteado que en lugar de realizarse una aportación directa al Fondo se creen certificados blancos que premien a las más eficientes y penalicen a las menos activas.
Sin embargo, Soria y su equipo han optado por un sistema de recaudación rápida que no va ligado de forma directa a la consecución de los objetivos de eficiencia fijados para cada una. "Primero se paga y más adelante se verá si las empresas cumplen o no con sus cuotas de ahorro", dice una fuente.
Así las cosas, la CNMC, a la que el Gobierno no le ha solicitado informe sobre el impacto que tendrá la creación del Fondo en los mercados de la electricidad, el gas y los carburantes, podría entrar a analizar la norma si las compañías así se lo piden, en el marco del proceso de alegaciones y audiencia pública que aún sigue abierto.
