Se acumulan los problemas para la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, Sol Daurella, que esta semana ha visto cómo la Guardia Civil entraba en su domicilio para registrar papeles de su marido, el vicepresidente del FC Barcelona Carles Villarubí, en el marco de la operación relacionada con la presunta corrupción de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La ejecutiva barcelonesa, que será la presidenta de la futura superembotelladora europea que ha unido a CCIP y dos homólogas suyas para Europa occidental, tendrá que declarar en calidad de imputada el próximo martes en el juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza. Se la acusa de tres delitos: estafa procesal, administración desleal y delito contra los trabajadores.
Un consorcio formado por Damm y Cobega adquirió Cacaolat a cambio de hacer unas inversiones que nunca realizó
Junto con Daurella declararán también como imputados su director general y hombre fuerte en CCIP, Víctor Rufart (uno de los directivos que más relevancia tendrá en el futuro gigante embotellador europeo) y el director general de Cacaolat, Francesc Lluch. Demetrio Carceller, presidente de Damm, también está convocado para declarar, aunque acudirá el día 9 de noviembre mientras que Francesc Lluch, director general de Cacaolat, también se enfrentará a las preguntas del juez y la acusación.
El motivo del revés judicial para Daurella hay que buscarlo en 2011. Cacaolat entró en concurso de acreedores lastrado por la pésima gestión del grupo al que pertenecía, Nueva Rumasa. Un consorcio formado por Damm (Carceller) y Cobega, el antiguo embotellador catalán de Coca-Cola (Daurella) presentó el proyecto que fue aceptado por los administradores concursales: alrededor de 70 millones pagaron por la marca (con dos fábricas, una en Barcelona y una en Zaragoza) gracias a que presentaron un proyecto ambicioso de mantenimiento de la producción y el empleo.
Incumplimientos
Pero, y aquí empieza la denuncia de los trabajadores de la planta de Cacaolat en Utebo (Zaragoza), una vez conseguido, Daurella no cumplió con nada de lo prometido según aseguran. En lugar de mantener las inversiones, los trabajadores denuncian que se redujo totalmente la apuesta por la factoría maña y que se trasladó toda la producción a la planta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en contra de lo estipulado. Para la plantilla aragonesa, tres oleadas de despidos que acabaron con el cierre de la planta hace ahora dos años. "Ellos nos hicieron muchas promesas y se le concedió a pesar de que había muy buenos proyectos industriales de Central Lechera Asturiana o de Calidad Pascual. En febrero de 2012 se hicieron con la planta y en junio de 2012 hicieron un ERE para el 50%. En octubre de 2013 cerraron. Prometieron 4 millones de euros de inversiones para competir y desde el día 1 nada", asegura Pablo Sanz, miembro del comité de empresa de Cacaolat en Utebo.
Precisamente Lluch se justificaba este año en 'El Periódico de Catalunya' diciendo que "la fábrica de Zaragoza estaba orientada a la leche condensada y en brick. Intentamos rentabilizarla. Desgraciadamente, vimos que no se recuperaba a un ritmo que garantizara que pudiera ser rentable. En noviembre de 2013 cerramos la planta pero no fue una producción que pasamos a Santa Coloma".
La antigua fábrica, aseguran los antiguos trabajadores de Cacaolat, sigue funcionando porque unos pequeños empresarios la han cogido para fabricar ahora a pequeña a escala leche condensada "sin tener una marca fuerte". Los trabajadores no quieren entrar en si el origen de Sol Daurella fue uno de los motivos por los cuales la planta barcelonesa salió reforzada mientras que la zaragozana cerró. "Está claro que el territorio natural de Cacaolat es Cataluña, pero no querría introducir un sesgo territorial en esto". Los trabajadores del campamento de Coca-Cola en Fuenlabrada realizaron en su momento críticas similares: el origen catalán de Daurella se preocupó de siempre proteger las inversiones en Cataluña frente a las del resto del país.
Por su parte, desde Coca-Cola Iberian Partners han preferido no comentar nada al respecto de este tema, recordando que el caso se refiere a la antigua Cobega, que ni siquiera tiene en estos momentos un gabinete de prensa o comunicación a que acudir, y no a la nueva CCIP nacida en 2013 de la fusión de las 7 embotelladoras ibéricas.
