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Colombia planea vender por partes la filial de Gas Natural, abocando el conflicto al Ciadi

El Gobierno colombiano anuncia que habrá una solución antes del 15 de marzo, cuatro meses después de la intervención de Electricaribe. Sus planes pasan por trocear la empresa y venderla por partes a operadores locales, lo que desembocaría en una denuncia de la compañía española al Ciadi.

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La intervención de Electricaribe, filial de Gas Natural, por el Gobierno colombiano está abocada a terminar en una denuncia por parte de la compañía ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje patrocinado por el Banco Mundial. Los planes del Ejecutivo pasan por vender la empresa por partes, una operación que beneficiaría a operadores locales pero que muy probablemente no sería del agrado del grupo español desde el punto de vista económico.

En las últimas horas, la Superintendencia de Servicios colombiana, organismo encargado de ejecutar y supervisar la intervención de Electricaribe, decretada a mediados del pasado noviembre, ha presentado un balance de la operación. La conclusión del organismo local es que la crisis financiera que motivó la intervención ha sido subsanada y que, ahora, corresponde al Gobierno tomar una decisión definitiva para el futuro de la compañía: o devolver la gestión a Gas Natural o proceder a una liquidación más o menos ordenada.

La Superintendencia aseguró que, en todo caso, la decisión se tomaría antes del 15 de marzo, cuando vence el periodo (ya prorrogado) contemplado para la intervención. En realidad, el tiempo para tomar la decisión depende del resultado de las conversaciones que el Gobierno colombiano mantiene con Gas Natural para acordar una solución. Negociaciones que, según ha podido saber Vozpópuli, no marchan por un camino que abra la puerta al optimismo.

En estas conversaciones, que se han retomado con intensidad después de que a mediados del pasado enero venciera el plazo que impedía a las partes presentar una denuncia ante el Ciadi, Gas Natural insiste en que sólo aceptará retomar el control de la gestión de Electricaribe si cambia el escenario que llevó a la empresa a poner en peligro el suministro eléctrico en la zona a la que abastece de electricidad.

Este escenario estaba marcado por la elevada morosidad y el fraude generalizado en el consumo de energía, lo que repercutía en las cuentas de la empresa hasta el punto de acumular una deuda que superaba los 1.300 millones de euros.

Más operadores en la zona

Sin embargo, el Gobierno colombiano insiste en minimizar este escenario y maneja otras opciones para el futuro de Electricaribe. Entre ellas, la que más peso cobra es la de dividir la compañía a venderla a operadores locales. Los esfuerzos por encontrar un comprador para la filial de Gas Natural han sido baldíos, lo que hace probable que la operación de venta de una Electricaribe troceada incluya unos precios más que ventajosos para los compradores pero que, en ningún caso, satisfarían al grupo español.  

La posición del Gobierno colombiano viene además reforzada por la postura de los gobernadores de los territorios de la región del Caribe, la que cuenta con Electricaribe como proveedor de energía.

Así, antes de la presentación del citado balance, la Superintendencia de Servicios se reunió con estos administradores, algunos de los cuales se posicionaron a favor de que el problema energético en la región se solventaría con un cambio de operador e incluso con la incorporación de más de uno.

Los responsables de las provincias afectadas sostienen que abastecer de energía a una población de 2,5 millones de habitantes no debe dejarse en manos de una sola empresa que, además, atraviesa graves problemas financieros.

Colombia quiere evitar la denuncia

Gas Natural no quiere volver a tomar el control de Electricaribe si no hay cambios desde el punto de vista legal que le permitan tomar medidas ante la mora y el fraude, al considerar que la situación que forzó la intervención del Gobierno colombiano se reproduciría de inmediato.

Por el momento, las conversaciones entre las partes continuarán pero, a día de hoy, el acuerdo parece quimérico. La compañía española tiene todo listo para acudir al Ciadi, una alternativa que el Gobierno colombiano quiere evitar a toda costa por la mala imagen que daría para atraer inversión extranjera. Sin embargo, es la opción más cercana cada día que pasa.

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