El Gobierno colombiano ya tiene planes para el primer año de Electricaribe después de la intervención y posterior liquidación de la filial de Gas Natural. En 2017, la comercializadora eléctrica llevará a cabo una inversión de 240.000 millones de pesos (unos 70 millones de euros), cantidad que los actuales gestores de la empresa consideran suficiente para garantizar la prestación del servicio. Sin embargo, la cifra es sensiblemente inferior a las que figuraban en el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos en el que se basó el organismo para dictaminar la necesidad de liquidar la compañía.
En las últimas horas, Edgardo Sojo, la persona designada por el Gobierno colombiano para presidir Electricaribe tras la decisión de intervenir la compañía, a mediados del pasado noviembre, indicó que la inversión de 70 millones de euros servirá para el mantenimiento de las redes y la mejora de procesos y que será suficiente para garantizar la prestación del servicio.
Una apreciación que contrasta con lo que decía en el citado informe la Superintendencia de Servicios. En el documento que sirvió de base para decidir la liquidación de Electricaribe, el organismo público colombiano aseguraba que cualquier inversión anual que se situara por debajo de 264.000 millones de pesos (cerca de 80 millones de euros) derivaría en "un deterioro progresivo de los indicadores de calidad y continuidad del servicio".
De hecho, la cifra constituía simplemente un mínimo, por debajo del cual Electricaribe no podría funcionar pero que, además, debería ir incrementándose con el paso del tiempo. Los cálculos de la Superintendencia llegaban hasta 2024, con una inversión mínima total equivalente a unos 700 millones de euros en este periodo.
De lo contrario, "la compañía no estará en capacidad de realizar las inversiones necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio en las condiciones exigidas por la ley ni cumplir sus obligaciones mercantiles".
Así, el Gobierno siempre estuvo dispuesto a finalizar la intervención y devolver la gestión de la empresa a Gas Natural, siempre y cuando el grupo energético español se comprometiera a llevar a cabo esas inversiones consideradas como mínimas, por debajo de las cuales la viabilidad de su filial no estaba ni mucho menos garantizada.
De este modo, las cifras de inversión que se le exigían a Gas Natural son superiores a las que el Gobierno calcula ahora para que Electricaribe sea una compañía solvente desde el punto de vista del servicio. Bien es cierto que en 2016 las inversiones de Electricaribe apenas alcanzaron los 50 millones, muy por debajo de la cantidad que pretende destinar el Gobierno. Pero no lo es menos que, de acuerdo con los cálculos de la Superintendencia, los planes del Ejecutivo serían insuficientes para que la compañía prestara el servicio en buenas condiciones.
