Nuevo episodio de enfrentamiento entre el Gobierno colombiano y Gas Natural Fenosa a cuenta de Electricaribe, la filial del grupo español intervenida desde el pasado mes de noviembre por el Estado latinoamericano. El detonante ha sido un informe de la Contraloría colombiana que supuestamente pone de manifiesto un presunto desvío por parte de la compañía de subsidios destinados a los clientes más vulnerables para maquillar las cuentas de la distribuidora de energía.
En concreto, el informe de la Contraloría, del que da cuenta la prensa local, asegura que el supuesto desvío alcanzó los 78.500 millones de pesos colombianos (algo más de 22,5 millones de euros al cambio actual). El documento no presenta ningún soporte documental pese a que asegura haber extraído conclusiones del análisis de más de 800.000 facturas. La Contraloría señala que los clientes afectados no se daban cuenta del supuesto fraude porque Electricaribe no presentaba el pertinente desglose en la factura.
Tras la publicación del informe, Gas Natural ha desmentido de forma tajante que haya llevado a cabo estas prácticas. En un comunicado distribuido en Colombia, la compañía que preside Isidro Fainé señala que Electricaribe ha aplicado y sigue otorgando los subsidios conforme a la Ley vigente, incluido el tiempo que lleva intervenida por el Gobierno.
"Gas Natural Fenosa entiende que ni la Contraloría ni ninguna otra autoridad pueden desconocer que la totalidad de los fondos FOES recibidos se destinaron a sufragar la energía eléctrica consumida por los usuarios de estas zonas y en ningún caso fueron destinados a sufragar pérdidas económicas de una compañía que nunca distribuyó dividendos a sus accionistas", asegura la nota de la compañía.
Batalla en los tribunales
Este episodio se enmarca en el enfrentamiento que mantiene el Gobierno colombiano con la empresa española, a la que ha acusado en repetidas ocasiones de no cumplir con el plan de inversiones establecido para asegurar el suministro eléctrico de la región del Caribe, en la que opera y da servicio a unos 2,5 millones de habitantes.
Por su parte, Gas Natural ha reiterado la existencia de un grave problema de mora en el pago de las facturas y fraude en el consumo, hasta el punto de que ha generado un agujero para Electricaribe cercano a los 1.300 millones de euros en los últimos años.
Ante esta situación, el Ejecutivo colombiano decidió intervenir Electricaribe y, posteriormente, decretó su liquidación. Esta decisión hizo que Gas Natural iniciara un proceso de arbitraje contra Colombia en el Tribunal de Diferencias Contractuales de Naciones Unidas (Uncitral). El grupo español reclama una indemnización de 1.000 millones de euros.
Gas Natural considera que el informe la Contraloría forma parte de un "intento de presión indebida" a la empresa.
Una intervención estéril
Tras nueve meses de intervención, el escenario no ha mejorado para Electricaribe, que sigue protagonizando cortes en el suministro eléctrico y deficiencias en el servicio. El Gobierno local, que rechazó sistemáticamente los argumentos de la elevada mora esgrimidos por Gas Natural para no cumplir el plan de inversiones, ha tenido que admitir la existencia de este problema, hasta el punto de que ha decretado cortes en determinadas zonas en las que los impagos eran más notables.
Estos cortes, que estaban vetados en Electricaribe cuando estaba bajo la tutela de Gas Natural, han generado problemas para empleados de la compañía, que han sufrido múltiples agresiones en las zonas afectadas por la interrupción del suministro.
