A los múltiples problemas que se le acumulan al Gobierno en los últimos días parece sumarse uno más que por el momento es sólo un aviso pero que podría dar algún dolor de cabeza si las cosas no salen bien. Se trata de los contratos de alquiler de renta antigua para comercios, unos contratos que se establecieron con la ley de arrendamientos urbanos de 1985 y que debían de desaparecer, según la propia norma, en 1995. En aquel momento, ante la presión de los arrendatarios se negoció una moratoria de 20 años para que estos contratos, con precios bastante por debajo del mercado, desaparecieran y de esta forma pasaran a negociarse los contratos de forma individual. Dicha moratoria que termina el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que, según datos de la Unión de Trabajadores Autónomos (UPTA), unos 100.000 locales en todo el país verán cómo sus ventajosas condiciones desaparecen.
Los afectados por esta circunstancia han constituido esta semana una plataforma con la que van a movilizarse para pedirle al Gobierno que conceda una nueva moratoria de 10 años. Aducen que la situación económica ahora es peor que la que había en 1994, cuando se consiguieron 20 años más, y que de no negociarse su situación podrían irse al traste "300.000 empleos", básicamente comercios y hostelería situados casi siempre en zonas céntricas de ciudades y pueblos.
¿Cuál es el problema? Los propietarios pueden no estar interesados en seguir manteniendo estos contratos de renta antigua, máxime si sus locales están situados en zonas premium y tienen una oferta mejor por los mismos. Los comerciantes autónomos aducen que ellos no pueden competir con las grandes multinacionales que, a buen seguro, pueden estar interesadas en quedarse con locales en los centros históricos, y que pueden pagar alquileres que superen "hasta en un mil por cien" los que se venían pagando hasta ahora. De igual modo, aseguran, los propietarios en muchas de las urbes son grandes familias o en ocasiones "fondos buitre" a los que se les ha traspasado la titularidad del local para que obtengan el mayor beneficio posible mediante su arrendamiento.
Un problema de sensibilidad
Ángel Rodríguez, miembro de la plataforma de comerciantes en Granada -que con su iniciativa ha promovido el movimiento a nivel nacional- ha asegurado que "es una cuestión de sensibilidad. Hay que tener en cuenta el valor que aporta el comercio tradicional a los centros históricos de las ciudades. Los sustitutos del comercio tradicional serán grandes cadenas de comida o de ropa cuyo único objetivo es tener presencia en los centros de las ciudades por un motivo de imagen. Pero al final pasará que hasta para comprar lo más básico, como por ejemplo una tuerca de una ferretería, tendremos que marcharnos a un centro comercial en las afueras porque las tiendas de toda la vida que ofrecían ese servicio no han podido resistir".
Además, los autónomos están convencidos de que su oferta puede interesar a los propietarios. De esta manera, ofrecen un 30% de subida en el precio de los alquileres desde principios del año que viene, para compensar a los propietarios y que estos no pierdan excesivamente. Estos alquileres, proponen, se actualizarían con el IPC y con el índice de precios de arrendamientos urbanos anual. La UPTA ya ha contactado con los políticos, especialmente del PSOE, pero sus peticiones han caído de momento en saco roto. Ahora, a tan sólo 3 meses de que acabe esta condición ventajosa de la que han disfrutado durante 30 años, amenazan incluso con movilizaciones si desde Moncloa no se escucha su clamor. La solución al problema, de aquí al 1 de enero.
