El proyecto del Gobierno para el rescate de las concesionarias de autopistas de peaje con dificultades financieras se mantiene estacando en la fase de análisis de las propuestas remitidas por los accionistas de las compañías, principalmente los grandes grupos constructores, y de la banca acreedora. Y todo parece apuntar a que la situación no se desbloqueará hasta la celebración de las elecciones europeas, a finales de este mes de mayo que acaba de comenzar.
El resultado de los comicios es clave toda vez que el Gobierno necesita el visto bueno de la Comisión Europea para sacar adelante un plan que cuenta como elemento fundamental la creación de una sociedad pública que aglutine las concesionarias en concurso de acreedores y la asunción por parte del Estado de la deuda de las sociedades con una quita del 50% y la emisión de un bono a 30 años para financiar el 50% restante.
De esta forma, el Gobierno trata de ganar tiempo para aguardar los resultados de las elecciones europeas, que determinarán la composición de la nueva Comisión Europea, que tendrá que determinar si el sistema elegido por Moncloa para solventar el problemas de las concesionarias de autopistas en quiebra constituye un caso de ayudas públicas ilegales.
En este sentido, el hasta ahora comisario de Competencia, Joaquín Almunia, no ha terminado de ver nunca con buenos ojos los planes del Gobierno para este rescate. La sintonía del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la Comisaría de Competencia tampoco ha sido la mejor posible.
Almunia ha reiterado públicamente en numerosas oportunidades que Bruselas tendría la última palabra sobre el plan del Gobierno, al que acusaba de no mantenerle permanentemente informado sobre los pasos que estaba dando para terminar de confeccionar el rescate.
Una crisis de Gobierno que no llegó
Así, Moncloa espera encontrar complicidad en la nueva Comisaría de Competencia que resulte de las elecciones que se celebrarán el próximo 25 de mayo, con el fin de que dé su visto bueno al rescate de las concesionarias.
El proceso, que pareció acelerarse con la comunicación por parte del Gobierno de su propuesta a las partes involucradas, banca acreedora y accionistas de las concesionarias y la concesión de un mínimo plazo para aceptarlo o rechazarlo, quedó posteriormente ralentizado cuando el Ejecutivo pidió más tiempo para analizar la respuesta de los interesados.
Sin embargo, ha pasado prácticamente un mes desde aquella prórroga y las noticias han brillando por su ausencia. En la paralización del proceso también ha influido la tardanza del Partido Popular en confeccionar su lista para las elecciones europeas, de cuyo contenido podría derivarse, como finalmente ha ocurrido, un cambio en la composición del Gobierno.
Al parecer, Ana Pastor, ministra de Fomento, se postuló para ser cabeza de lista para las europeas ante su deseo de abandonar el gabinete que actualmente dirige. Tras anunciarse el nombre de Miguel Arias Cañete como el elegido para ser el número 1 del partido en Europa, la expectativa de Pastor se mantuvo firme por si podía aprovechar los cambios en el Gobierno para cumplir su objetivo.
Sin embargo, Rajoy ha decidido finalmente hacer tan sólo el cambio obligado de la cartera de Agricultura que estaba en manos de Cañete. El compás de espera por una hipotética crisis de Gobierno se ha cerrado pero ahora queda el de las elecciones europeas.
