El Gobierno ha disparado el importe de las sanciones por incumplir la reserva de cuotas a discapacitados que deben cumplir por ley las empresas para favorecer la integración laboral de este colectivo, que obliga a todas las empresas públicas y privadas que empleen al menos 50 trabajadores a que como mínimo el 2% de su plantilla esté compuesta por discapacitados o, en su defecto, adopten medidas alternativas.
En 2013, el importe de las multas impuestas por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por incumplimientos en esta materia se disparó un 54%, hasta 599.163 euros, frente a los 387.287 euros de un año antes.
Además, el número de infracciones detectadas en 2013 (hasta el 23 de diciembre) creció un 63%, hasta 265, según consta en una respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno a la diputada socialista Laura Seara y publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Desde 2010, Trabajo realiza visitas periódicas planificadas para verificar el cumplimiento de esas cuotas
En su respuesta, el Ejecutivo subraya que Trabajo “ejerce, entre otras funciones, una labor permanente de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de todas las empresas” y desde 2010 realiza visitas periódicas planificadas para verificar el cumplimiento de esas cuotas. Durante 2013, se realizaron “3.666 actuaciones en la materia” y se formularon 653 requerimientos a las empresas, explica el Gobierno.
La obligación de las empresas con más de 50 trabajadores de cumplir con la cuota de reserva del 2% de personas con discapacidad se regula en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Ese artículo establece que el cómputo del 2% “se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo” y “cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores”.
No obstante, las empresas, según la normativa, “podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total”, mediante “medidas alternativas de carácter excepcional”, recuerda el Gobierno en su respuesta. Entre esas medidas está la contratación de centros especiales de empleo para el suministro de bienes o servicios y las donaciones o patrocinios para actividades de inserción laboral de este colectivo.
Según datos del INE, en España había en 2012 (último dato disponible) 1.343.500 hogares con alguna persona de 16 a 64 años con una discapacidad reconocida, lo que supone un 9,5% del total de hogares con alguna persona en edad de trabajar. El 21,3% de esos hogares tenía a todos sus miembros activos en paro y el 56,6% tenía ocupados a todos sus miembros activos.
