El Gobierno español intenta a toda costa que la Comisión Europea abra una investigación sobre si las primas a las energías renovables pagadas por el sistema eléctrico en la última década son ayudas ilegales de Estado.
Si la Comisión de Competencia decide abrir este expediente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy confía en que todos los recursos, demandas y denuncias arbitrales que se han presentado contra los hachazos renovables sean paralizados, tal y como ha pedido el Ministerio de Industria, a través de la Abogacía del Estado, ante el Tribunal Supremo.
Pero algunos técnicos que trabajan en el expediente, a las órdenes de la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ven sospechosa la estrategia seguida por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su supuesta connivencia con el Comisario de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete.
Según confirman fuentes cercanas al proceso abierto, fue Cañete el primero que, de forma sorpresiva, anunció en Madrid, el 24 de abril pasado, que la Comisión había puesto en marcha un estudio para "analizar" si las ayudas a las renovables eran constitutivas de una infracción de ayuda ilegal de Estado contraria a las normas comunitarias de mercado.
Curiosamente, el Comisario español y ex ministro de Agricultura sabía que el Gobierno español se había denunciado a sí mismo el 22 de diciembre de 2014, notificando a Bruselas que estas ayudas pagadas desde la década pasada a las energías verdes podrían ser ayudas de Estado..
El Gobierno se denunció a sí mismo el 22 de diciembre al pedir una investigación, pero los técnicos sospechan que detrás de todo ello hay un plan para paralizar los recursos de las renovables
La Unión Europea obliga a los estados miembros a notificar cualquier ayuda entregada a sectores empresariales, pero antes o al poco de haber sido aprobada, no pasados meses o años.
Los gobiernos españoles llevan años destinando ayudas al desarrollo de las renovables, pero además el Ejecutivo de Rajoy aprobó el nuevo mecanismo de respaldo a estas energías (eliminando el sistema de primas) en junio de 2014.
Debería haber notificado este nuevo modelo a la UE ese mismo mes o quizá el siguiente, pero ¿por qué no lo hizo? Se esperó hasta diciembre, cuando ya era imparable la avalancha de recursos y demandas presentadas ante todo tipo de instituciones, desde Cortes arbitrales internacionales al Tribunal Supremo.
Soria y su equipo se chivaron a Bruselas y el resultado fue que en febrero de este año (día 18), el Gobierno fue informado que tras su chivatazo, Bruselas había decidido poner en marcha el proceso previo a la apertura de una investigación.
No tardó nada el Ministerio en pedir al Supremo la paralización de todos los recursos contra el hachazo renovable (cerca de 400 se han presentado en el Alto Tribunal más 14 ante el Ciadi, Corte arbitral del Banco Mundial) en tanto en cuanto Bruselas no se pronunciase sobre si las subvenciones renovables habían sido o no ayudas de Estado.
Pero los técnicos de Competencia ven detrás de estas peticiones una estrategia clara del Gobierno de España de utilizar a su Comisario en Bruselas para auspiciar una investigación que, independientemente de si se abre o no y de su resultado final, permita al actual Ejecutivo paralizar todos los recursos en marcha, señalan las fuentes consultadas.
Muchas ganas hay en España de que la Comisaria Margrethe Vestager abra el expediente, algo que como ella misma ha dicho públicamente en su visita a Madrid, aún no se ha producido.
Sin embargo, la Abogacía del Estado ha exigido ante el Supremo la paralización de todos los recursos, en un año muy complicado para el Ejecutivo, que ve como todo tipo de iniciativas ciudadanas (renovables incluidas) le hacen mella en su electorado.
El Gobierno quiere taponar a toda costa vías de agua poco convenientes de cara a las elecciones generales de noviembre como los recursos renovables que afectan a decenas de miles de pequeños ahorradores, cabreados con las políticas energéticas de Soria.
Ahora, toca esperar a que Bruselas decida. Mientras tanto, el Supremo ha reclamado al Gobierno la carta enviada a la Comisión denunciándose a sí mismo y la posterior notificación realizada desde Bruselas, para poder aportarla a los cientos de recursos contencioso-adminitrativos abiertos.
