Las supuestas irregularidades en la contratación pública vuelven a estar sobre la mesa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde que se conformó este organismo, en 2013, han sido varios los expedientes en los que ha analizado los ilícitos cometidos por empresas de titularidad estatal; o por compañías privadas que han impedido la competencia efectiva en las licitaciones. Hace unas horas, ha iniciado un procedimiento contra 8 empresas y 4 directivos por organizarse –presuntamente- para perjudicar a sus competidores en varias convocatorias realizadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El anuncio de este expediente ha tenido lugar tan sólo un mes después de que Competencia impusiera una multa de 29,9 millones de euros a 11 empresas de servicios informáticos y tratamiento de datos por conformar un cártel que les permitió acceder a la licitación pública en condiciones ventajosas. En esta ocasión, fue un ‘chivatazo’ procedente de la Agencia Tributaria el que dio la pista a la CNMC sobre las actividades ilegales llevadas a cabo por estas empresas, que incluían acuerdos sobre precios o intercambio de información sensible. Entre las compañías multadas, estaban Indra, Atos, IBM y Software AG.
En el caso del expediente iniciado anunciado este jueves, la CNMC ha recopilado indicios de que varias compañías pudieron alcanzar pactos irregulares para manipular y repartir una serie de licitaciones convocadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), según han explicado a Vozpópuli fuentes internas. Entre estas empresas, se encuentran ACS (Cobra), Siemens AG, Nokia, Alstom, CAF o Bombardier.
Los contratos que han podido verse afectados por este presunto cárcel tienen que ver con la mejora de los sistemas de sistemas de señalización, seguridad y comunicaciones ferroviarias, explican desde el organismo.
Estos informantes inciden en que estos pactos de precios no sólo perjudican a los competidores que quedan fuera del cartel, que concurren en inferioridad de condiciones, sino que también puede provocar una alteración de los precios de la licitación. Y, en algunos casos, que la Administración tenga que hacer frente a sobre-costes.
Adif, un viejo conocido
No es la primera vez que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se ve afectado por estas prácticas. De hecho, en junio de 2017 el regulador multó con 1,74 millones de euros a la empresa Nokia Solutions and Networks Spain por abusar de su posición dominante en la licitación de los servicios de mantenimiento y renovación de las redes de telecomunicaciones GSM-R.
Un año antes, Competencia sancionó con 5,64 millones a las empresas Amurrio Ferrocarril y Equipos; Jez Sistemas Ferroviarios, Talleres Alegría y Duro Felguera Rail, y a nueve de los directivos de estas empresas, con 65.550 euros, por repartirse las adjudicaciones de suministros de servicios ferroviarios de Adif. Entre otras conductas, pactaron precios e intercambiaron información sensible durante 15 años.
Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Adif para tratar de conocer su opinión sobre el expediente más reciente iniciado por la CNMC, pero han decidido hacer declaraciones, al considerar que las supuestas infracciones no tienen que ver con esta empresa pública.
Prevención desde la CNMC
Desde la CNMC, recuerdan que cuentan con un programa para prevenir estas prácticas por el que han dado formación a 3.000 funcionarios para aprender a detectar el fraude en la contratación pública.
Asimismo, el organismo cuenta con un programa de clemencia que permite a las empresas que denuncien estos cárteles "beneficiarse de la exención del pago de la multa", siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.
