La imparable sucesión de recortes de los dos últimos Gobiernos a las primas a las energías renovables ha puesto en solfa la tan cacareada 'Marca España', ha dañado seriamente la credibilidad del país ante los inversores internacionales y, para colmo, no ha logrado su teórico objetivo de acabar con el déficit de tarifa eléctrico. Pero, por ahora, y tras tres años de recortes de ingresos, las medidas no han tenido como consecuencia la avalancha de quiebras de empresas que viene pronosticando el sector desde hace tiempo.
El año pasado, los concursos de acreedores de empresas y familias en España crecieron otro 6,5% y alcanzaron los 9.660 procedimientos, el tercer récord anual consecutivo desde la entrada en vigor de la Ley Concursal en 2004. Se acogieron a la antigua suspensión de pagos 8.934 empresas, lo que supone un 10,3% más y un nuevo máximo histórico, con el ladrillo, la industria y el comercio como sectores más afectados. Cada día fueron a concurso cuatro empresas ligadas a la construcción y el sector y el inmobiliario (1.504 en el conjunto del año), otras tantas industriales (1.504) y más de tres comercios minoristas (1.419).
Esas dramáticas cifras contrastan con las de las empresas que tenían a la energía como actividad económica principal. Entre 2011 y 2013, apenas se han declarado en concurso de acreedores en España 88 empresas dedicadas a esa actividad, de acuerdo con los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recaba mensualmente, vía cuestionario, de los Juzgados de lo Mercantil y los tribunales de Primera Instancia e Instrucción que tienen competencia mercantil.
El último dato se ha difundido este jueves, con la publicación de la Encuesta de Procedimiento Concursal del INE correspondiente al ejercicio 2013. El año pasado, 45 empresas dedicadas a la energía se declararon en concurso, frente a las 18 de 2012 y las 25 de 2011. Esas 45 empresas concursadas en 2013 suponen el 0,5% de las mercantiles que optaron por esta vía el pasado ejercicio.
Entre 2011 y 2013 han ido a la quiebra en España casi 23.000 empresas (22.939), de las que apenas un 0,38% se dedicaban al sector de la energía. De las 45 concursadas el año pasado, 13 estaban en Cataluña, 8 en Madrid, 4 en Galicia, 3 en Andalucía y el resto, en otras Comunidades Autónomas.
Algunas patronales de renovables llevan años azuzando el fantasma de las quiebras masivas
Hay que tener en cuenta, además, que la tipología de empresas de "Energía" que tiene en cuenta el INE incluye no sólo a aquellas sociedades dedicadas a la actividad de producción y distribución de electricidad. También a las de gas, vapor y agua caliente, así como las de captación, depuración y distribución de agua.
A la vista de los datos, no parece que los sucesivos recortes al sector se hayan traducido en una oleada de quiebras, como vienen alertando desde hace tiempo algunas patronales de renovables. Los hachazos a la retribución de las plantas (fundamentalmente eólicas, fotovoltaicas y termosolares) empezaron con Miguel Sebastián a finales de 2010 y continuaron con el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, con el impuesto eléctrico en vigor desde principios de 2013.
Descartado el fantasma de la quiebra entre las grandes eléctricas, dado su tamaño (aunque un impago del multimillonario déficit tarifario las llevaría al ‘default’ sin lugar a dudas), ha sido el sector renovable (fuertemente apalancado, con menos músculo financiero y unos ingresos completamente regulados por el BOE) el que con más insistencia ha alertado del riesgo de una miríada de suspensiones de pagos ante tanto devaneo regulatorio. Ya en julio de 2012, la patronal que aglutina a todo el sector, APPA, aseguraba que los nuevos gravámenes anunciados entonces supondrían "la quiebra de numerosas empresas”. Pero esa miríada de concursos de acreedores (salvo alguna excepción) no se ha producido de momento.
Otra cosa es lo que ocurra partir de este año, con el brutal recorte cuyos detalles acaba de desvelar el Gobierno en una Orden Ministerial remitida a la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) con la que el Ejecutivo prevé recortar ingresos al sector (que cada año recibe 9.000 millones en primas) por importe de otros 1.750 millones de euros.
