La deuda del Estado con el grupo Correos por la prestación del deficitario servicio postal universal (SPU) que la empresa estatal está obligada a proporcionar por ley para cumplir con su labor de servicio público experimentó un fuerte aumento el año pasado, en un ejercicio en el que las subvenciones públicas que recibió se incrementaron exponencialmente.
En 2013, el déficit reconocido a la compañía en concepto de compensaciones por SPU pendientes de cobro de ejercicios anteriores creció un 61%, hasta 336,7 millones de euros, mientras las subvenciones anuales por este servicio, correspondientes también a ejercicios anteriores, se multiplicaron por 5,5, al pasar de los 48,7 millones de euros de 2012 a 268,8 millones, según las últimas cuentas de la empresa.
Fuentes de Correos indican que ese fuerte aumento de las subvenciones se explica porque el Gobierno quiere “ponerse al día” en el desembolso de la deuda que tiene pendiente con el grupo por la prestación del SPU en los últimos ejercicios. Así, esos 336,7 millones (que no generan intereses y que actualmente están en manos del Tesoro) corresponden a cantidades asociadas al SPU de los años 2011, 2012 y 2013 que el Estado aún no ha abonado al grupo público y que ya están reconocidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Fomento.
Sin embargo, en 2013 se produjo un cambio significativo: a diferencia de los últimos ejercicios, el grupo público clasificó esa partida como una deuda a cobrar “a corto plazo”, con la previsible intención de solicitar su reembolso en un futuro no muy lejano, algo que todavía no ha hecho, según fuentes de la empresa.
El grupo que preside Javier Cuesta, cuya privatización parece haber quedado descartada por el Gobierno, tiene razones para ese optimismo, dado que los Presupuestos Generales del Estado para este año reservaron una partida de 518 millones en el presupuesto de Fomento para el abono del SPU pendiente de liquidar, una cifra sensiblemente superior a los 318,1 millones que recogían las cuentas públicas de 2013.
Tal y como recuerda Correos, el anterior Gobierno estableció en el año 2010 que “el Tesoro ajustará los libramientos de fondos a los Organismos Públicos según sus necesidades efectivas de liquidez y los retendrá si el perceptor, en base a sus previsiones mensuales de tesorería, tiene cubiertas sus necesidades de liquidez”. Sin embargo, que Correos pueda cobrar ese dinero en un plazo relativamente corto no está relacionado con una hipotética falta de efectivo, sino con el objetivo de sufragar las inversiones que establece su plan estratégico, explican fuentes del grupo.
“Las cantidades establecidas como pago por el SPU tienen como exclusiva finalidad hacer frente a la deuda que se tenía” con la empresa en compensación por las obligaciones de servicio público impuestas por la ley. “Su objetivo, por tanto, no es el saneamiento del operador postal público, sino atender los costes en los que Correos ya había incurrido previamente”, añaden esas fuentes, que subrayan que las inversiones no financieras del grupo se han prácticamente duplicado con respecto a los peores años de la crisis hasta el entorno de los 80 millones de euros anuales.
Desde Correos enfatizan que el coste del SPU, una figura que data de 1998, cuando comenzó la liberalización del sector, y que la ley de 2010 (la que fijó las compensaciones por la prestación de ese servicio) define como una “carga financiera injusta” para la empresa, se ha mantenido en el año 2013 incluso a pesar de la caída en los volúmenes de envío, gracias a las mejoras de eficiencia en la compañía, que está bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Así, en virtud del SPU, el grupo está obligado a cobrar al cliente, por ejemplo, 38 céntimos por llevar una carta desde la isla de La Gomera a Ferrol, cuando el coste de este servicio es muy superior; sin embargo, estas subvenciones, que el año fueron decisivas para que el grupo saliera de números rojos (ganó 48,4 millones tras reducir sus ingresos un 7,11%), están bajo la lupa de la Comisión Europea, tras una denuncia en Bruselas de las multinacionales del sector postal, que las consideran ayudas de Estado ilegales.
