Nueva vía de agua para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su cruzada por quedarse con YPF, la compañía petrolera que hace ahora un año fue expropiada a la española Repsol.
Hace hoy una semana de la celebración de la junta de accionistas de YPF, que tuvo que ser suspendida, y ya comienzan a trascender algunas de las causas por las que esto ocurrió. Las principales provincias petroleras del país se han sublevado para exigir a la Casa Rosada que les dé más cuotas de poder en el consejo y el equipo directivo de la compañía.
El pasado martes, cuando sólo se habían tratado la mitad de los puntos del orden del día, el máximo ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio, propuso la suspensión de la asamblea aduciendo que él, su equipo y el Estado como accionista de control no habían tenido tiempo para estudiar toda la documentación presentada.
A todos los representantes allí presentes, entre ellos los poderosos fondos de inversión estadounidenses, les sorprendió que la junta se suspendiera justo cuando tenía que comenzar la aprobación de puntos del orden del día como la gestión del equipo directivo, el nombramiento de nuevos directivos y consejeros y su remuneración.
Galuccio quiso ganar tiempo con la suspensión de la junta para frenar la sublevación de los gobernadores
Fuentes de toda solvencia han confirmado a Vozpópuli que en realidad se trataba de una estrategia de Galuccio para ganar tiempo y poder así aplacar la rebelión de las provincias más petroleras, encabezadas por Neuquén, donde se ubica la joya de la corona de YPF, el yacimiento de crudo y gas no convencional de Vaca Muerta, Santa Cruz y Chubut.
Tras decretar la confiscación del 51% del capital de YPF a Repsol, el Gobierno Kirchner sacó adelante una ley que inicialmente proponía que esta participación de control se quedaría en manos del Estado, pero el restante 49% se repartiría entre las provincias petroleras del país.
Nada de esto ha ocurrido y ahora las provincias cuentan con cinco representantes de entre los 17 que forman el directorio o consejo de administración. Chubut, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz cuentan con un miembro permanente y el quinto asiento se lo reparten de forma rotatoria el resto de provincias.
Pero en la junta del otro día se escenificó la ruptura con este actual statu quo de poder. Las provincias quieren más poder en el directorio, entrar en el capital de YPF y forzar al Estado a que relance las inversiones necesarias para el desarrollo de los nuevos pozos, ahora congeladas por la falta de fondos.
De ahí que los gobernadores de las provincias más poderosas, con Mario Sapag (Neuquén) y Daniel Peralta (Santa Cruz), hayan emplazado a Kirchner para que dote a YPF de los fondos suficientes para invertir, dé entrada a nuevos inversores o reconduzca las negociaciones con Repsol para desenquistar la situación.
Se han dado de plazo hasta el 30 de mayo, día en que se celebrará la nueva junta de accionistas de YPF en Buenos Aires.
