El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, y su 'número dos', el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han impuesto una especie de gulag interno en el Ministerio para que de ahí no salga ningún documento que pueda comprometer una de las decisiones más polémicas tomadas en esta legislatura, el hachazo renovable que en 2014 estableció un recorte de 3.000 millones de euros en la retribución a las energías verdes.
El cerrojazo informativo implantado en el Ministerio ha provocado malestar no sólo en las miles de empresas e inversores renovables afectados, tanto españoles como extranjeros, sino también en altas instituciones como el Tribunal Supremo o el Defensor del Pueblo.
El Alto Tribunal, que está tramitando unos 400 recursos contencioso-administrativos contra el recorte a las renovables, se ha visto obligado a enmendarle la plana varias veces al Ministerio y a su representante legal, la Abogacía del Estado, por obstaculizar el desarrollo de los expedientes y negarse a facilitar la documentación e informes requeridos por las partes.
Algo similar le ha ocurrido al Defensor del Pueblo, aunque en este caso es por el Real Decreto de autoconsumo eléctrico que el Gobierno prevé aprobar a finales de julio. La institución encabezada por Soledad Becerril se interesó por el borrador de esta norma el pasado año, ante "los numerosos escritos que se han recibido en esta institución sobre la introducción del denominado 'peaje de respaldo' que deberán pagar los consumidores de energía eléctrica acogidos a las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica", según se desprende de la recomendación enviada en julio de 2014 al Secretario de Estado de Energía.
Han pasado los meses e Industria no le ha remitido la información al Defensor del Pueblo, pese a los requerimientos enviados a la Secretaría de Estado de Energía
La Defensora del Pueblo firmó ese escrito con dos recomendaciones muy tajantes: "No establecer los peajes que gravan la producción de energía eléctrica para autoconsumo y no establecer la obligación de registro administrativo".
Fue en ese momento, hace ahora un año, cuando Becerril ya pidió la "remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de esas recomendaciones, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarlas".
Pues así hasta hoy. La Defensora del Pueblo volvió a solicitar esa información sobre el borrador en febrero, pero la Secretaría de Estado de Energía contestó que el borrador de Real Decreto estaba "aún en fase de elaboración".
Han pasado los meses y, ante las reiteradas quejas de Unef, la patronal fotovoltaica, el adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha confirmado que, "a fecha de hoy (16 de junio de 2015), no se ha recibido la información solicitada a la Secretaría de Estado", según la contestación a la queja presentada por Jorge Barredo López, presidente de Unef.
Esta notificación echa un duro rapapolvo al Ministerio de Industria y, en especial, a su Secretaría de Estado de Energía: "Ante esta falta de respuesta, se recuerda por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril".
El toque de atención ha llegado a Soria y a Nadal, que se han comprometido a aprobar la norma del autoconsumo a finales de este mes, pese a las decenas de miles de alegaciones presentadas en las últimas semanas en consulta pública y a que el Defensor del Pueblo no ha recibido documentación alguna. La CNMC se ha visto obligada a aprobar a toda prisa el informe preceptivo sobre la norma.
