Ha sido la norma prácticamente cada año desde 2005, cuando empezó a acumularse la gigantesca bola de nieve que hoy es el déficit tarifario. Desde 2005, las primas que cobra el denominado régimen especial, que incluye los incentivos a la producción de electricidad para la cogeneración, las tecnologías renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa) y el tratamiento de residuos, han superado en casi 5.800 millones de euros las estimaciones que, al inicio de cada ejercicio, ha realizado la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Según las liquidaciones periódicas que elabora el regulador, dicho régimen ha percibido unos 36.640 millones de euros en incentivos (con cargo a la tarifa eléctrica), cuando la previsión no llegaba a 30.900 millones. La desviación acumulada, en términos porcentuales, es del 18,8%.
2012 no ha sido una excepción, aunque el desfase al alza ha sido ligeramente inferior a la media de los últimos años (un 16,7%), siempre de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Industria (la liquidación definitiva de la CNE todavía no se ha publicado todavía). El ministro, José Manuel Soria, ha insistido esta semana en que un “factor que ha influido” en que el déficit tarifario haya desbordado las previsiones en 2012 ha sido esa “desviación”, derivada, siempre según Soria, del “incremento del ritmo de incorporación de instalaciones”.
Los datos disponibles del ejercicio 2012 (hasta noviembre) muestran que, de la factura total del régimen especial (casi 8.000 millones hasta ese mes), las dos tecnologías cuyas primas más se han desviado con respecto a lo esperado han sido la termosolar, con 889 millones, un 60,7% más sobre los 553 millones previstos, y la cogeneración (que no es renovable), con un total de 1.700 millones, frente a los 1.232 millones previstos (un 37,9% más). El desfase se ha producido a pesar de la moratoria decretada para las primas de las nuevas plantas decretada por el Gobierno a comienzos del año pasado.
"Si el Ejecutivo se equivoca en sus previsiones, el error no puede achacarse a las empresas", dicen los eólicos
Soria, que ya ha avisado de que quiere “sentarse” con los promotores de renovables para rebajar la factura de las primas, insistió el pasado martes en responsabilizar a estas fuentes del déficit. “No quiero decir que sean las únicas responsables, pero sí ha habido una desviación”, dijo el ministro.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) subrayó este miércoles que “lo que engorda el déficit no son las primas, que son un coste más del sistema, sino las desviaciones de las previsiones que cada año hace el regulador”. “Esos incentivos sólo son imputables al aumento del déficit de tarifa” cuando “se produce un desvío entre lo que prevé el Gobierno [este se basa en los cálculos de la CNE] que cuesten y su coste real. Si el Ejecutivo se equivoca en sus previsiones, como fue el caso en 2012 o en años anteriores, el error no puede achacarse a las empresas que operan las instalaciones”.
Por ejercicios, la mayor desviación con respecto a los cálculos iniciales corresponde a 2009, cuando la factura del régimen especial superó los 6.200 millones, frente a los 4.000 millones previstos (un 55% más). No obstante, un año antes esa factura se quedó en 2.356 millones, frente a los 3.036 que había calculado inicialmente la CNE. Ese año, el precio del petróleo se situó en máximos históricos, lo que permitió a la eólica, la renovable más competitiva, llegar a ofrecer su producción sin prima por los altos precios del mercado diario. Pese a la rebaja de la factura de las renovables, durante ese ejercicio el déficit tarifario superó los 5.100 millones.
Industria ha señalado, al menos, otras dos causas para el galopante incremento del déficit tarifario, una deuda de los consumidores con las grandes eléctricas que ya roza los 30.000 millones de euros, que compromete la viabilidad de las empresas y que se produce porque los ingresos del sistema son inferiores a los costes reconocidos por el Gobierno de turno: esas otras dos razones son, básicamente, el incumplimiento del propio Gobierno del compromiso de traspasar a los Presupuestos el sobrecoste de la generación en los archipiélagos (que se sigue cargando a la tarifa) y una demanda inferior a la prevista por Red Eléctrica, operador del sistema.
