La eliminación del colosal déficit de tarifa del sistema eléctrico (diferencia entre ingresos y costes regulados), más de 24.000 millones de euros, figura entre la agenda de reformas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido al Gobierno, tras la visita a España de los técnicos del organismo, para sacar a la economía del atolladero en el que se encuentra. Las conclusiones preliminares publicadas ayer por el FMI se centran especialmente en los retos del sistema financiero español, la consolidación fiscal y el funcionamiento de su mercado laboral, pero también incluyen una breve referencia en su último punto a otras reformas estructurales pendientes cuya puesta en marcha "será importante para complementar la reforma laboral".
Entre ellas, el organismo cita "la eliminación del déficit de tarifa". Pide "un calendario detallado y ambicioso" y que su supresión (junto a otras reformas, como el impulso del mercado del alquiler, la puesta en marcha de un marco regulador común para todas las regiones y la liberalización de horarios comerciales y servicios profesionales) se aborde "de forma rápida y efectiva".
En eso está el Gobierno, que lleva trabajando desde enero en una reforma energética para solucionar ese enorme agujero, que no beneficia ni a consumidores ni a eléctricas: los usuarios la pagan (con intereses) y las empresas la financian en sus balances hasta que se tituliza (se convierte en títulos negociables). Para colmo, la colocación de esa deuda, que tiene garantía del Estado, lleva parada desde marzo por la tormenta financiera. Y, con ello, amenaza con afectar al déficit público.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha prometido presentar esa reforma antes de julio. Su ambigüedad (en estos seis meses, ha sugerido que habrá nuevas tasas a las empresas, un posible recorte de la retribución de la hidráulica y la nuclear y poco más) tiene en vilo al sector.
Soria ha prometido repartir los sacrificios entre empresas, usuarios y Administración. De momento, esta última no ha asumido ningún esfuerzo, sino más bien al contrario: ante la crítica situación de las cuentas públicas, el Ejecutivo ha cancelado el traslado progresivo de los extracostes de los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla) a los Presupuestos Generales del Estado.
Con España intervenida de facto, en las empresas del sector no dudan que Bruselas (y, por extensión, el FMI) van a tener mucho que decir en la reforma de Soria. En su última evaluación del programa de reformas de España, la Comisión Europea ha dado un importante rapapolvo al funcionamiento del sistema eléctrico español.
Bruselas considera que España cuenta con un sistema de tarificación "ineficiente" y con "un nivel de competencia insuficiente", por la persistencia de un sistema de tarifas reguladas para los consumidores domésticos. Además, cree que el déficit se debe "en parte" a esa falta de competencia y ha criticado los "costes ocultos derivados del apoyo a ciertas actividades reguladas", como las "subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón" o la retribución de las actividades de transporte y distribución eléctrica.
Entre las críticas de Bruselas, que también ha cuestionado la última subida de tarifas (cree que "puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas"), la que más escuece a las eléctricas es la de la "compensación excesiva" que cobran las centrales hidráulicas y nucleares, que están (no hay matiz en su afirmación) "amortizadas", algo que el propio Soria ha sugerido en alguna ocasión.
El tiempo apremia. Entre enero y abril, el déficit superó holgadamente el tope de 1.500 millones que fija la ley para todo este año, al alcanzar los 1.989 millones, aunque la Comisión Nacional de la Energía (CNE) confía en que la cifra se aminore a final de año, hasta cerca de los citados 1.500 millones, ya que el efecto del primer paquete de medidas que adoptó el Gobierno a finales de marzo (un recorte de costes de 1.700 millones en el sector eléctrico y una subida de tarifas del 7%) todavía no ha tenido efecto.
Hasta abril, las primas a las renovables, un coste regulado cuyo incremento en los últimos años ha corrido paralelo al del déficit, ascendieron a casi 3.000 millones, un 28,3% más de lo previsto a comienzos del ejercicio y un 22,5% más que el año anterior, según el regulador. Por tecnologías, fotovoltaica, eólica y termosolar recibieron casi 2.000 millones.
El déficit se viene generando desde principios de la década pasada porque los ingresos regulados (los que fija el Gobierno) no cubrían los costes que reconoce legalmente a las empresas. Fue un invento para evitar subir la luz (decisión impopular como pocas) con el que las compañías tragaron mientras se podía titulizar esa deuda. Pese a las fuertes subidas de la luz de los últimos años (España es ya el tercer país europeo con la electricidad más cara para los usuarios domésticos, según Eurostat), el déficit ha continuado su galopante incremento. Las dificultades para colocarlo (y que las eléctricas lo cobren) por la tormenta en los mercados pone en peligro la sostenibilidad financiera de las empresas y la de todo el sistema eléctrico.
